Publicado: noviembre 19, 2025, 3:07 pm
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para el ex ministro José Luis Ábalos en el marco del caso Koldo por la compra de material sanitario en pandemia, tal y como ha avanzado este miércoles EL MUNDO. Quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se enfrenta así al primer escrito de acusación del Ministerio Público. El fiscal ha pedido además la celebración de la ‘vistilla’ prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para modificar las medidas cautelares del ex titular de Transportes.
El ex secretario de Organización del PSOE se encuentra imputado por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el Tribunal Supremo. Anticorrupción le atribuye, además, un quinto delito de uso de información privilegiada al ex titular del Ministerio de Transportes.
Para el ex asesor y ex «asistente» de Ábalos, Koldo García, la Fiscalía solicita por los mismos tipos delictivos 19 años y medio de cárcel.
Por su parte, para el empresario Víctor de Aldama, el Ministerio Público pide siete años de cárcel por los delitos de organización criminal y cohecho. Además, en el caso del empresario, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita, por un delito de aprovechamiento de información privilegiada, la imposición de una multa de 3.713.981 euros. «A lo largo de la instrucción de la presente causa especial, Víctor Gonzalo de Aldama ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales, detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales realizadas siempre con el mismo objetivo», indica el fiscal que le aplica la atenuante de la confesión prevista en el artículo 21 del Código Penal.
Fiscalía valora que las manifestaciones de Aldama son «relevantes», «veraces» y «compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento», y, «desde luego», no son «auto exculpatorias» puesto que el empresario «viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la Administración Pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves».
El pasado 3 de noviembre, el instructor Leopoldo Puente acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y enviar al banquillo de los acusados a Ábalos, Koldo García y Aldama por la compra de mascarillas en la pandemia del Covid.
En el escrito de calificación provisional, conocido hoy, el fiscal Luzón sostiene que «Koldo García fue el alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio de Transportes como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor».
Anticorrupción subraya que, «al tiempo, Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor Gonzalo de Aldama».
La Fiscalía explica que la trama criminal comenzó a operar tan «pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico». Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres [el ex ministro, su ex asesor y Aldama] convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas».
«Cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz», agrega el fiscal. Asimismo, Luzón subraya que «la organización nació, además, con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio de Transportes».
Ábalos arrastra la competencia
La petición de prisión de Anticorrupción abarca, además de la compra de las mascarillas, la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso que tenía en la plaza de España de Madrid al amiga íntima de Ábalos, la contratación de la otra amiga del ex ministro Claudia Montes en la empresa Logirail o la operación de arrendamiento del chalet de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, en Cádiz).
El fiscal también pone el foco en la estancia de Ábalos en un chalet vacacional en Marbella, su papel en el rescate de Air Europa, las gestiones para la trama de los hidrocarburos o el contrato de arrendamiento de un piso con opción a compra en el Paseo de las Castellana, de Madrid.
En el escrito de calificación provisional, Luzón dedica varias páginas a la compra de material sanitario en pandemia con la intermediación de Aldama. «Merced a la relación personal que le unía con José Luis Ábalos Meco y con Koldo García, Víctor de Aldama obtuvo de estos información previa y privilegiada acerca de la necesidad que tenía el Ministerio de adquirir equipos de protección individual. No obstante, como carecía de los medios humanos y materiales necesarios, así como de la financiación suficiente para acometer el proyecto en solitario, Víctor de Aldama contactó con Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas S.L y con el grupo Cueto, conglomerado familiar dirigido por Juan Carlos Cueto que sería el titular real de dicha sociedad. Esto le permitió articular una oferta -con la aquiescencia de Ábalos y de Koldo y el compromiso de que los contratos le serían adjudicados- para, con la relevante información de la que disponía, que todavía no se había hecho pública, adelantarse a posibles competidores y asegurar la perfección del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión».
Si Ábalos quiere retrasar al juicio tendrá que renunciar a su acta de diputado para provocar que la causa sea enviada a la Audiencia Nacional antes de que el magistrado Puente dicte auto de apertura judicial.
Junto a esta pieza que se encuentra próxima al enjuiciamiento, Ábalos se encuentra imputado también los amaños millonarios de obra pública. En esta otra pieza separada, el instructor Puente ha decretado hoy la libertad del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
En la actualidad, la competencia del Supremo como órgano investigador del caso Koldo se sustenta en la condición de aforado de José Luis Ábalos.
