Publicado: diciembre 17, 2025, 1:07 am
Hace un año, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, a cuatro años, nueve meses y un día de prisión como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Aquella condena fue posible gracias al trabajo de la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, ahora encargada de investigar el rescate por parte del Gobierno de la aerolínea Plus Ultra. El fallo llegó después de un juicio «largo y duro» para Lorente que tuvo que soportar los continuos envites de Rato a lo largo de la vista oral. «¡El respeto se gana!», llegó a reprocharle el ex dirigente del Partido Popular a la representante del Ministerio Público durante la celebración del juicio.
Al igual que Lorente impulsó la causa que acabó con la sentencia condenatoria del todopoderoso ex ministro de Economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la actualidad también lleva el peso de las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid sobre un posible blanqueo de los fondos del rescate de Plus Ultra, a través de una organización criminal vinculada a Venezuela. Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, Lorente fue la fiscal que presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por estos hechos, que fue rechazada por el tribunal en noviembre del año 2024 por falta de competencia.
En aquella denuncia inicial, Anticorrupción ya puso el foco en el presunto uso indebido de ayudas públicas españolas; en concreto, en los millones recibidos por Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 a través del Consejo de Ministros. La razón es que la aerolínea figuraba como firmante y beneficiaria de los citados contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal.
Pese a ese primer portazo inicial, la fiscal -gracias a la incoación de unas diligencias de investigación por parte de su jefe el fiscal jefe Alejandro Luzón– continuó investigando todo lo relacionado con el rescate de Plus Ultra. Lo hizo con absoluto sigilo, hasta que finalmente decidió presentar una denuncia que ha conllevado a la reapertura del caso en el Juzgado Número 15 de Plaza de Castilla (Madrid).
Quienes han trabajado codo con codo con Elena Lorente la definen como una fiscal experimentada, buena técnicamente y muy discreta.
El pasado jueves, la Policía Nacional detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su director ejecutivo, Roberto Rosellini; y un empresario relacionado con la aerolínea, Julio Martínez Martínez. Todos ellos quedaron el pasado sábado en libertad con medidas cautelares.
Tal y como informó este periódico, juez y fiscal rastrean, entre otras cuestiones, los préstamos solicitados por la compañía a sociedades off shore radicadas en Suiza y Reino Unido dirigidas por una «organización criminal», según la Fiscalía, y que fueron devueltos con fondos del rescate otorgado por el Gobierno español, que ascendió a 53 millones de euros. Se trata de los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como cabecera de la banda criminal.
Por su parte, la investigación ha destapado también que el empresario arrestado, con intereses en Venezuela, era cliente -a través de su sociedad Análisis Relevante– de la agencia de comunicación Whathefav, que encabezan las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno, muy vinculado al régimen venezolano, intercedió para que la aerolínea fuera rescatada con fondos públicos tras la crisis de la pandemia, según la versión ofrecida por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.
