Publicado: mayo 26, 2025, 12:07 pm
Caridad Martín, ex gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsatec, ha asegurado ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que se «siente cabeza de turco» porque era la gerente del proyecto para el que se contrató a Jésica Rodríguez y que se considera perseguida «para que no hable». A Martín, tal y como ella misma ha explicado, la forzaron a presentar su dimisión para «frenar las investigaciones» antes de que la ex novia de Ábalos declarase ante el tribunal Supremo. El presidente de Tragsa, Jesús Casas, le pidió «que hiciera un sacrificio» por el bien de la empresa. «Me lo piden como medida preventiva, como cortafuegos», ha explicado.
La ex gerente se encuentra suspendida de empleo y de baja por los problemas psicológicos que le ha generado todo este asunto: «Tengo miedo, estoy en tratamiento, temo por mi salud mental, temo lo que se diga de mí en los medios, lo estoy pasando falta», ha declarado ante los senadores.
Caridad Martín ha explicado haber oído hablar de Jésica Rodríguez en octubre de 2024 cuando el caso saltó a la prensa. «Jésica era un nombre más en una lista», ha dicho, afirmando no saber que la misma mantuviera ningún tipo de relación con el ministro e insistiendo en no haber recibido ningún encargo por parte de sus superiores sobre la ex novia de Ábalos.
Martín ha afirmado «no haber tenido nunca constancia de que Jésica no fichaba ni trabajaba» y ha negado que Virginia Barbancho le comunicara mediante un correo haber detectado irregularidades en relación con el trabajo que esta debía desempeñar. La compareciente se ha referido a varios hilos de correo para sustentar sus declaraciones pero ha rechazado entregarlos a la comisión, aunque día ha permitido que los senadores los consultaran, por «miedo a las represalias» ya que el asunto está en proceso de investigación interna por la compañía.
Caridad Martín ha explicado que se enteró de su cese cuando lo anunciaran los periódicos como «primera víctima del caso Koldo». Pasó un fin de semana antes de que sus superiores se lo comunicaran oficialmente y le abrieran «un expediente disciplinario encubierto». «Me habían dicho que si ponía mi puesto a disposición se cerraría la investigación, pero tres meses después sigue». Fue el presidente de Tragsa, Jesús Casas, quien le hizo esta petición antes de dictarle el correo en el que ella misma debía renunciar a su puesto.
La compareciente ha sostenido que las irregularidades en relación con Jésica hay que buscarlas en «el proceso de selección y contratación». «Ahí sí pasó algo», ha afirmado, porque se le enviaban currículos impuestos por Adif de personas que, en su opinión, estaban «elegidas previamente». El currículo de Jésica, en concreto, entró en un último plazo de siete horas que se abrió para asignar el puesto que finalmente se le otorgó.
