Publicado: junio 20, 2025, 6:07 am
La empresa navarra controlada por el entonces dirigente socialista, Santos Cerdán, ofreció a un alto cargo leal a María Jesús Montero la salida laboral que ella ya no le podía dar en el Ministerio de Hacienda.
Era febrero de 2021 y Montero no podía seguir manteniendo vacante la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) como en el último año y medio, porque la juez instructora del llamado caso Aznalcóllar, había decidido confirmar la imputación de Vicente Fernández.
Fernández había sido interventor general en la Junta de Andalucía de la mano de Montero y cuando ésta fue nombrada ministra lo eligió como presidente de la Sepi. Un año después, tuvo que destituirlo en octubre de 2019 por la primera imputación en el mencionado caso de la catásfrofe de Aználcollar.
Eran tiempos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba no tener a imputados entre sus altos cargos y Montero aceptó esa directriz, pero a cambio, hizo algo inusual: no nombrar a nadie presidente de la Sepi a la espera de que, como confiaba Fernández, se le desimputara. Así estuvo año y medio y por eso los polémicos rescates de Air Europa y Plus Ultra, entre otros, fueron gestionados por el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé de Lora.
Llegó el 9 de febrero de 2021 y se confirmó su imputación, corroborada el 10 de marzo, en que se rechazaron los últimos recursos de Fernández para no ir al banquillo. Montero arrojó la toalla y designó el 30 de marzo a Belén Gualda nueva presidenta de la Sepi.
¿Qué hacer con el jurista andaluz? Este licenciado en Derecho, letrado de la Junta y con 20 años de experiencia en altos cargos autonómicos y del Estado encontró trabajo en una pyme navarra lejos de su Málaga natal. Se trata de Servinabar, la empresa que aquel año solo tenía oficialmente nueve empleados, de los cuales solo tres con contrato indefinido, pero que contaba con un accionista sensible a socialistas en búsqueda de empleo: Santos Cerdán.
Vicente Fernández
El hasta su reciente caída secretario de Organización del PSOE -sólo por debajo de la propia Montero y de Pedro Sánchez en el partido-, controla el 45% del capital, según un hallazgo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el trastero del domicilio de quien, según el Registro Mercantil, parecía el único accionista: Antxon Alonso.
Servinabar: Cerdán solo un amigo
Alonso emitió este jueves por fin un comunicado en el que niega delitos y que Cerdán sea accionista, aunque si confirma «relación de amistad». La UCO da por segura la influencia en la gestión de Servinabar por parte de Cerdán no sólo por el papel hallado, sino porque las grabaciones muestran cómo manejaba transferencias y decisiones de la empresa navarra
Fernández solicitó a la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno permiso para trabajar con Servinabar -que se define en el Registro como «pyme»- y lo obtuvo el 19 de mayo de 2021. No está claro hasta qué año estuvo trabajando en Servinabar. Diversas fuentes en empresas de la Sepi muestran sorpresa por esta vinculación laboral dado el perfil de Fernández y el objeto social y tamaño de Servinabar, pero no es el único caso de acogida del entorno socialista realizado por Cerdán.
También el socialista Ramón Alzórriz formalizó este jueves su renuncia como portavoz en el Parlamento de Navarra y vicesecretario general del partido en la comunidad, tras dar a conocer que su pareja había trabajado en Servinabar. Una empresa que ha rcibido además adjucaciones millonarias bajo sospecha del Gobierno de María Chivite, como la de los túneles de Belate publicada por este diario este miércoles. La plantilla la completan, según perfiles de Linkedin, trabajadores de origen venezolano con experiencia en PVDSA.
Todo esto en una «pym e» de Pamplona. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil que, en contra de la legislación, se remontan a 2021, sólo confiesa contar con tres empleados fijos y seis temporales. Y los tres fijos, todos hombres.
Servinabar puso como cifra de ingresos ese año un millón de euros, pero contabilizó como «gastos de personal», 530.000 y añadió otros 134.000 para pagar «servicios de profesionales independientes». Fernández parecía escoger esta última vía profesional porque solicitó también permiso -y obtuvo en las mismas fechas- para trabajar con el bufete Martínez Escribano que, a diferencia de Servinabar, sí tiene acitividad y oficina en Andalucía.
De la vinculación de Fernández con Montero no hay duda. Él mismo no dudó en dejar su puesto de interventor general de la Junta de Susana Díaz cuando Montero le dijo que le nombraría presidente de la Sepi. Y la ministra de Hacienda aún declaró en marzo de 2021, tras serle confirmada la imputación, que «se encuentra inmerso en ese procedimiento que se ha archivado ya en dos ocasiones anteriores y es una persona de una enorme valía». Fue el que validaba sus cuentas en su etapa de la Junta.
Fernández ya había tratado en su primer año en la presidencia de la Sepi con Cerdán, porque éste ha mostrado estos años permanente interés por colocar a personas de confianza del partido en empresas estatales como fue el caso de Leire Díez en la empresa estatal Enusa.
