Publicado: noviembre 15, 2025, 7:07 pm
La CUP pide una modificación del plan de trabajo de la comisión parlamentaria que investiga el caso DGAIA sobre pagos irregulares en el servicio de atención a menores y jóvenes ex tutelados de la Generalitat.
El partido anticapitalista volverá a registrar la petición de comparecencia de tres nombres que fueron rechazados, la semana pasada, en la primera sesión ordinaria y añade otro testimonio clave en la lista: el trabajador denunciante de la supuesta mala praxis que está bajo protección de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Tras el voto contrario de PSC, Junts, ERC y Comuns, la formación independentista reclama de nuevo que el Parlament cite a Jasone Latorre, Irene Casamitjana y Maria Teresa San Miguel como «responsables de servicios que han intentado ocultar los pagos irregulares». «Si la comisión no sirve para esto, no será útil», avisó tras el veto la líder de la CUP en la Cámara catalana, Pilar Castillejo.
Además, los anticapitalistas piden ahora que también comparezca en la comisión parlamentaria «el testigo protegido que destapó el posible caso de corrupción«. Para ello, solicitan que se haga «con las medidas necesarias para proteger su imagen y seguridad».
Antifraude está elaborando un informe a raíz de la denuncia por mala praxis de este trabajador de una de las sociedades a las que la Administración externaliza el servicio, la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis (Plataforma Educativa). «En cuatro meses ya me había dado cuenta de que era una mafia», declaró el pasado mayo a EL MUNDO este empleado contratado en septiembre de 2023. Un año antes, es unión temporal de empresas había asumido la gestión en toda Cataluña del SEVAP, el servicio de valoración y seguimiento de los jóvenes ex tutelados que pueden ser beneficiarios de prestaciones económicas.
Las otras tres personas que la CUP propone como comparecientes, en un segundo intento, tienen vinculación con el caso denunciado por este testimonio protegido. Latorre como directora del SEVAP, Casamitjana como coordinadora del SEVAP en Girona, donde trabajaba el denunciante, y San Miguel como jefa del área de apoyo a los jóvenes tutelados y ex tutelados de la DGAIA. Como alto cargo de la consejería firmó, en mayo de 2024, una resolución contra la denuncia interna interpuesta por el testigo protegido. «Podemos concluir que no se detecta ninguna irregularidad en la gestión», asegura San Miguel en el documento consultado por este diario.
DGPPIA
La Sindicatura de Cuentas presentó en junio un informe de fiscalización en el que detectó pagos indebidos de prestaciones del Departamento de Derechos Sociales [con sus anteriores denominaciones] de, al menos, 167,56 millones de euros entre los años 2016 y 2024. De esa cantidad, unos 4,7 millones corresponden a ayudas gestionadas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, que desde junio, a raíz de los cambios efectuados por la consejera Mònica Martínez Bravo en medio del escándalo, se denomina DGPPIA (Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia). La mayor parte son por incompatibilidades en las prestaciones económicas a jóvenes ex tutelados, pero también se revelaron incidencias en las aportaciones para la acogida de menores tutelados.
La comisión de investigación creada hace un mes por el Parlament debe analizar la actividad de la DGAIA entre los años 2011 y 2025, bajo los Governs de CiU, Junts pel Sí (Convergència y ERC), JxCat y ERC en coalición, ERC en solitario y PSC. Tras su constitución, la primera sesión ordinaria se celebró el 5 de noviembre.
