Publicado: octubre 8, 2025, 12:07 pm
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aceptado personarse como perjudicada en la causa principal contra Begoña Gómez, en la que se investiga si la esposa del presidente del Gobierno intentó apropiarse del software que se estaba elaborando para la cátedra extraordinaria que dirigía en la institución académica.
En un escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Complutense señala que pudo resultar perjudicada económicamente por las actividades investigadas.
«Considerando que los hechos objeto de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), vengo a personarme en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el procedimiento incoado», recoge el escrito de los representantes legales de la UCM.
Por contra, la Fiscalía reiteró recientemente que no hubo ánimo de lucro por parte de Gómez en esas actividades al entender que era un programa que no ofrecía ganancias.
La Complutense había solicitado al juez anteriormente personarse como acusación particular pero el magistrado Juan Carlos Peinado lo había rechazado. Pidió entonces personarse como posible perjudicada, sin llegar a ejercer la acusación, pero el instructor tampoco lo autorizó. Hasta el pasado día 6 de septiembre, que le ofreció incorporarse al procedimiento, coincidiendo con su decisión de impulsar la causa principal hacia un juicio con jurado.
El delito de apropiación indebida no es competencia del jurado, pero sí tráfico de influencias que se investiga en la misma pieza principal de la causa, lo que por el momento arrastra a un juicio con jurado la actuación de Gómez en la Complutense.
Los investigados en esta pieza principal son Begoña Gómez, Cristina Álvarez -la asesora de Moncloa que, presuntamente, trabajaba para ella en sus negocios privados- y el empresario de referencia de la esposa de Pedro Sánchez, Juan Carlos Barrabés.
La UCM se persona como acusación, como ya avanzó EL MUNDO en su edición del pasado lunes, pero en su escrito no especifica las causas por las que considera que pudo sufrir un perjuicio económico. «Considerando que los hechos objeto de investigación en el procedimiento al tribunal del jurado pudieran haber causadoun perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la universidad complutense de Madrid, este rectorado acuerda el ejercicio de acciones civiles de reparación del daño presuntamente causado a esta administración universitaria en el marco del procedimiento señalado», recoge el documento.
Control de la plataforma
Varias empresas tecnológicas participaron de forma gratuita en la elaboración del software para la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Gómez. Los representantes de Google e Indra han testificado que sus trabajos eran para la Complutense, que también gastó de forma directa fondos propios en el desarrollo de una plataforma informática de medición de impacto social que no llegó a ponerse en marcha.
El juez y las acusaciones consideran que hay indicios de que Begoña Gómez quiso hacerse con el control de esa plataforma. La esposa del presidente del Gobierno consultó con UCM el procedimiento para registrar el software, así como una marca para el producto. Sin embargo, abandonó el proceso cuando se le informó de que el registro debía hacerse a nombre de la Complutense al «100%».
En julio del año pasado, la universidad envió un informe al juzgado sobre la investigación interna que había impulsado para aclarar si había sufrido algún daño patrimonial por la actuación de Gómez. La UCM recordaba que había invertido al menos 100.000 euros en la plataforma que se estaba creando y añadía que la directora de la cátedra no le había informado de varias actuaciones al respecto. Por ejemplo, que en la Oficina Española de Patentes y Marcas había registrado la marca «Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org«.
