La Comisión Europea advierte al Tribunal de la UE: «No parece que la ley de Amnistía responda a un interés general; es parte de un acuerdo para la investidura»

La Comisión Europea ha cuestionado esta mañana ante el Tribunal de Justicia de la UE la finalidad de la amnistía. «No parece que la Ley Orgánica de Amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», ha afirmado el representante de la Comisión, Carlos Urraca.

El jurista ha hecho referencia al informe de la comisión de Venecia sobre la ley. Este organismo del Consejo de Europa especializado en asuntos constitucionales hacía referencia a la existencia de autoamnistías, vetadas en la normativa europea y definidas como aquellas en que el gobernante se asegura su propia impunidad. La Comisión Europea cree que, de facto, estamos en uno de esos casos: «En opinión de la comisión del mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario».

Ha añadido que las autoridades españolas «no atendieron» la recomendación de la Comisión de Venecia de tomarse el tiempo «suficiente» para generar un diálogo significativo que permitiera avanzar en la «reconciliación» que es el objetivo de la ley, según su exposición de motivos.

La lista de críticas expuestas por la Comisión ante los 15 magistrados que componen la Gran Sala del TJUE ha incluido una referencia a la vaguedad de conceptos que incluye la ley, algo que no se acepta en asuntos penales. «También hay dudas de que las disposiciones sean claras y precisas. El legislador no ha atendido la recomendación de la Comisión de Venecia a este respecto», ha indicado.

Su intervención se ha producido en la vista pública en la que el tribunal de Luexemburgo está revisando la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas. Además de la Comisión, han intervenido los abogados de la treintena de ex cargos de la Generalitat a los que se les reclamas fondos gastados en el procés, así como la Fiscalía, el Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- y el demandante, Sociedad Civil Catalana.