Publicado: diciembre 22, 2025, 1:07 pm
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha citado a declarar en enero como testigos en el ‘caso hidrocarburos’ a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
Así consta en una providencia, conocida por EL MUNDO, que fija para el próximo 28 de enero las declaraciones de Díaz Bidart y Pons. Para ese día, el juez además ha citado nuevamente como investigado al empresario Claudio Rivas, considerado por los investigadores como el presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.
El instructor también ha vuelto a llamar como imputado al presunto conseguidor Víctor de Aldama el 29 de enero e igualmente en esa condición, para el 30 de enero, a las empresarias Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.
Asimismo, Pedraz ha convocado para que declaren como testigos el día 29 a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como para el día 30 a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.
Todas estas citaciones han sido acordadas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En su informe de petición de diligencias, el fiscal Luis Pastor sostiene que la operativa delictiva se habría desarrollado de manera que, «el 19 de diciembre de 2020, Claudio Rivas, por medio de Leonor María González Pano y María del Carmen Pano Sánchez, interesó de Víctor de Aldama Delgado, la posibilidad de mediar con el entonces titular del Ministerio de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos Meco, con el objeto de que ejerciera su influencia en diferentes instancias ministeriales conocedoras o vinculadas a la tramitación del expediente administrativo de concesión del título de operador de hidrocarburos a Villafuel SL, a cambio de una contraprestación económica. Víctor de Aldama habría manifestado su disposición a mediar en atención a la contraprestación ofrecida».
El Ministerio Público añade que «la influencia fue canalizada por medio del asesor del ministro, Koldo García Izaguirre, que contactó con diversos responsables ministeriales: Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio del Industria, Comercio y Turismo, y Marc Isaac Pons Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por su parte, Víctor de Aldama medió ante el Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández».
La Fiscalía subrayó que «las influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart, primero de forma informal el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021. Así como en los contactos que Koldo García Izaguirre mantuvo con Marc Isaac Pons Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021».
Una organización criminal
Por su parte, la UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.
La trama habría formado «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector», según informa Europa Press.
«De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas», según el informe policial.
La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del «entorno de la presunta organización criminal» se habría pedido a Aldama «que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes», para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.
Y sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.
