Publicado: noviembre 13, 2025, 3:07 pm
La defensa del fiscal general del Estado ha comenzado su intervención final en el juicio denunciando «el juicio paralelo» que ha sufrido Álvaro García Ortiz «basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales». Eso ha generado «un entorno adverso para la presunción de inocencia» del acusado de -precisamente- filtrar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Tras añadir que esa circunstancia no afectaría «a la independencia y a la objetividad» de los siete magistrados que le estaban escuchando, el abogado del Estado ha vuelto a la casilla de salida del juicio que hoy termina: la nulidad de la causa por las irregularidades supuestamente cometidas por la UCO en la investigación, en particular en el registro del despacho del fiscal general.
Como en la primera intervención en la vista oral el pasado 3 de noviembre, el representante de la Abogacía del Estado ha reclamado «la nulidad de la entrada y el registro», ahora de forma «más clara» tras las declaraciones de ayer de los agentes de la Unidad Central Operativa encargados de ejecutar el registro.
El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha sostenido en su informe definitivo que el auto con el que el magistrado del Supremo Ángel Hurtado envió a la Guardia Civil a la sede de la Fiscalía General del Estado el 30 de octubre de 2024 «tenía una acotación temporal excesiva -siete meses y 22 días-«, pero que además fue «incumplido» por la UCO, que se excedió en lo que podía incautarse.
«Existió una orden concreta del magistrado instructor que no fue cumplida. Se clonó y se copió sin cobertura legal y, por lo tanto, eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia, porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados en dicho auto». El exceso se habría extendido al registro que realmente tuvo fruto, el que afectó a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. A diferencia de García Ortiz, ella no había borrado sus mensajes y la UCO pudo reconstruir parte de lo sucedido la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se filtró el correo en que la defensa de Alberto González Amador afirmaba que «ciertamente se han cometido» dos delitos fiscales.
«Un relato que se tenía que atajar»
La Abogacía del Estado ha justificado la actuación del fiscal general después de que a las 21.29h del 13 de marzo EL MUNDO publicara que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso. «Se estaba instalando un relato que se tenía que atajar», ha dicho el representante de García Ortiz, que interpretó que ese ofrecimiento era perjudicial para la Fiscalía. Según explicó el propio acusado la víspera, esa información «muy trabajada» de este diario hacía creíble la afirmación del entorno de Ayuso -que EL MUNDO no publicó- de que el acuerdo ofrecido se había parado por órdenes de arriba.
En esas circunstancias, ha proseguido la defensa, «el fiscal general del Estado tomó las riendas de la situación». Pidió con urgencia e insistencia todos los correos cruzados entre el fiscal y la defensa. A las 21.59h recibió el correo filtrado con el reconocimiento de delitos. Pero para entonces, según la Abogacía, «no tenía carácter reservado». «Tres periodistas lo tuvieron antes», ha dicho, en referencia a la defensa del fiscal general hecha por periodistas de eldiario.es, La Sexta y El País que han declarado que tenían el correo antes de que le llegara al fiscal general, si bien ninguno lo publicara antes de que este lo recibiera.
