Publicado: septiembre 26, 2025, 10:07 am
Juventudes Socialistas de España (JSE) ha registrado a través de su secretario general, Víctor Camino, diputado por Valencia y miembro del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a modificar la normativa vigente y permitir que las comunidades de propietarios puedan limitar o vetar el alquiler de habitaciones para uso turístico en sus inmuebles. La iniciativa, presentada busca solventar una «laguna legal» generada tras la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
La PNL se centra en «la necesidad de complementar la reforma del artículo 17 de la LPH, que entró en vigor el pasado 3 de abril y que ya permite a las comunidades de vecinos, mediante la aprobación de las tres quintas partes de propietarios y cuotas, limitar o vetar el alquiler de la vivienda completa para uso turístico».
Según Camino, el problema surge porque la regulación actual de la LPH solo contempla explícitamente la «cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda» como actividad turística, dejando fuera de forma directa la modalidad de alquiler de habitaciones de forma independiente.
Por ello, la iniciativa insta a estudiar las modificaciones normativas necesarias en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir el alquiler por habitaciones cuando éste se realice como actividad de vivienda de uso turístico.
La propuesta que han impulsado las Juventudes Socialistas busca que la nueva redacción legal faculte a las comunidades de propietarios a regular esta práctica con el mismo quórum de las tres quintas partes ya establecido para el alquiler de la vivienda completa.
Los socialistas argumentan que el alquiler por habitaciones genera una situación de «incertidumbre y potencial conflicto», ya que puede producir un «trasiego constante de personas», un «uso intensivo de zonas comunes» y un «incremento del ruido», alterando la tranquilidad y la seguridad del entorno residencial, incluso más si cabe que el alquiler completo de la vivienda.
La medida será debatida en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y según los proponentes, proporcionaría «seguridad jurídica a los propietarios e inquilinos» y garantizaría que «el derecho de los residentes a la convivencia pacífica no se vea menoscabado». El Grupo Socialista solicita que esta modificación se lleve a cabo «en el menor plazo posible».
