Publicado: abril 8, 2025, 10:07 pm
Junts festeja de nuevo por imponer sus condiciones al Gobierno en un asunto de Estado. Si semanas atrás se felicitaba por haber logrado un favorable reparto de los menores migrantes que esperaban destino hacinados en Canarias -30 para Cataluña y 700 para Madrid-, ahora la formación de Carles Puigdemont presume de haber logrado imponer al Gobierno que la repartición de las ayudas para hacer frente a la crisis arancelaria desatada por Donald Trump se realice «en base al porcentaje de exportación de la comunidades autónomas». En la práctica, ello supondrá que Cataluña reciba el 25% de las ayudas habilitadas por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al representar las ventas de la región un cuarto de todas las realizadas por España.
Fuentes de la dirección de Junts detallan a EL MUNDO que la cláusula que otorga a Cataluña esa sustancial porción del pastel no formaba parte de la versión del real decreto que el Gobierno había elaborado inicialmente y con la que acudió el lunes a la negociación con la formación independentista. «Nosotros lo hemos incluido», certifican.
«Hemos conseguido que, de nuevo, la empresa catalana reciba lo que le toca. No respondemos a otra cosa que no sean los intereses de Cataluña. Pasa desde que Junts es determinante. Nuestros siete votos lo están cambiando todo», argumentan desde la cúpula de los neoconvergentes para subrayar que, una vez más, han condicionado la acción del Ejecutivo que lidera Sánchez.
La formación secesionista precisa que ahora deberá ser el Govern del socialista Salvador Illa «quien tendrá que administrar esta herramienta y ocuparse de que todas las empresas catalanas accedan a las ayudas». Y ataca duramente al PSC: «Ninguno de sus diputados en Madrid vela por Cataluña. Todos votan a cambio de nada, poniendo todas las facilidades al PSOE».
En definitiva, Junts vuelve a aplicar el manual político que viene utilizando durante toda la legislatura y que empleó cuando acordó la delegación «integral» de las competencias de inmigración a Cataluña o el reparto de los menores migrantes por las diferentes comunidades autónomas del país.
Como ahora, también entonces se esforzó en reseñar que la mejora competencial para la comunidad autónoma no fue promovida por el Govern que pilota el jefe de filas del PSC, sino por el partido que lidera la oposición en el Parlament. O que Junts había rectificado el «sobreesfuerzo de Cataluña en la acogida de menores no acompañados». «Junts continúa trabajando para Cataluña. Corregimos una desigualdad histórica. Se constata la incomparecencia del señor Illa, que lo que hace es callar y no molestar al Gobierno español», manifestó la portavoz de Junts en el Congreso y vicepresidenta del partido, Míriam Nogueras.
Este desgaste sostenido del PSC cuenta con la necesaria connivencia del PSOE y de Sánchez, que prioriza la estabilidad de su Gobierno a los intereses del presidente de la Generalitat. Un Illa que encaja los golpes propinados por Junts y se limita a agradecerle las mejoras conseguidas para la región que gobierna y a comprometerse a gestionarlas con diligencia desde el Govern.
Oponerse a ellas implicaría dejar en evidencia a Sánchez y afear a Junts sus reproches conllevaría el riesgo de importunar al socio preferente del presidente del Gobierno, que continúa moldeando sus iniciativas al antojo de Puigdemont, el dueño de la legislatura española.
