Publicado: mayo 6, 2025, 4:07 am
Después de haberlo acordado con la patronal catalana, Junts ratificó ayer que presentará una enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que hoy aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la posición de la formación que dirige Carles Puigdemont no es definitiva. Fuentes del partido independentista precisan a EL MUNDO que están «dispuestos a negociar» el levantamiento de su veto siempre que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se abra a reformar su norma estrella para «adaptarla a Cataluña y sus pymes».
Junts busca una negociación con el Ejecutivo similar a la de las ayudas para paliar la guerra arancelaria iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump. Si en aquella ocasión consiguió un redactado que beneficiaba a Cataluña por ser la comunidad autónoma que más exportaba, ahora pretende que la reducción de la jornada diseñada por el Ministerio de Trabajo no sea generalizada y acabe previendo excepciones para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos.
Teniendo en cuenta que el 99,8% del tejido empresarial de Cataluña son pymes, introducir una cláusula que las beneficiara podría ser promocionado por Junts como un nuevo logro para Cataluña impulsado desde su formación, como ya hizo en el caso de los aranceles, cuando presumió de haber conseguido un 25% de las ayudas para le región.
«Lo primero que tendría que pasar para retirar la enmienda a la totalidad es que La Moncloa estuviese realmente dispuesta a negociar y no dar la espalda a Cataluña», indican desde Junts. «Es una reducción generalizada, sin contemplar casos concretos, tamaños ni sectores», añaden, para señalar a Díaz la senda que debe recorrer si quiere albergar alguna esperanza de ver su principal proyecto aprobado en el Congreso. Superar la votación de los vetos, a los que pueden añadirse los de PP y Vox -se votan en pack-, es el primer paso.
El Ministerio de Trabajo trata de restar relevancia a la enmienda a la totalidad y la ve como «un instrumento para la negociación». Fuentes oficiales remarcan que Junts ha empleado ya el veto «en otras ocasiones», como en la Ley de Empleo, y confían en encontrar un punto de acuerdo una vez que entre en el Congreso. Más si cabe por las buenas relaciones que hay entre Díaz y Puigdemont, que vienen abordando este tema en negociaciones telemáticas desde hace muchos meses. Los dos hablan con frecuencia y habrá más episodios.
Díaz también mantiene una buena relación con Pimec, la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, y con su presidente, Antoni Cañete, que se reunió con el líder de Junts en Bélgica el 25 de abril para trasladarle la «profunda preocupación» que existe entre las empresas de menor tamaño por el «incremento insostenible de los costes», que supondría la reducción como está.
La vicepresidenta segunda impuso el pasado mes de abril la entrada de la patronal catalana de las pymes en el principal órgano asesor nacional en materia de negociación colectiva y ahora quiere explorar su entendimiento con Cañete para dar con una fórmula que agrade a la patronal catalana y, por ende, que pueda ser respaldada por Junts.
En Sumar también envían un mensaje de calma al advertir de que Puigdemont «siempre negocia fuerte». Siendo el veto anunciado ayer una manera de reforzar una posición que ya de por sí es de fuerza. El partido neoconvergente tiene a su favor lo imprescindible de sus siete votos en la Cámara y que al ser la ley primordial de Díaz quien tiene la presión es ella. Es quien se juega su crédito político. En un momento, además, de máxima incertidumbre sobre su futuro y sobre la reconfiguración del espacio político que ahora lidera.
En Trabajo asumen que la negociación con Junts irá en la línea de abordar el impacto de la jornada en las pymes. Díaz ya ofreció a la patronal ayudas económicas para estas empresas, pero esto se rechazó. Ahora las fuentes consultadas inciden en explorar esta vía con una salida.
Entre tanto, Sumar quiere jugar con la presión social para doblegar a Junts y el PP, igual que a la patronal. Ayer anunció el inicio de una campaña de recogida de firmas para demostrar que la reducción de la jornada laboral es una medida de gran popularidad y que oponerse a ella tendrá un coste electoral.
