Publicado: mayo 23, 2025, 2:07 pm
Cinco asociaciones de jueces y fiscales han pedido este viernes al Gobierno la retirada de la reforma impulsada el pasado día 13 en el Consejo de Ministros y han convocado un paro conjunto para el próximo 11 de junio para mostrar su rechazo a lo que consideran un «serio retroceso en Estado de Derecho». Además, dejan abierta la opción de convocar una huelga.
Reaccionan así a la carta que les ha remitido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que defiende la necesidad de seguir adelante con la llamada Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal. Bolaños afirma que supone «la mayor transformación de la Justicia en décadas» y que aborda «reformas imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI».
Las asociaciones anuncian cuatro medidas si el proyecto sigue adelante. La primera de ellas, remitir los informes contrarios que han elaborado o se van a elaborar tanto al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Lo harán con la intención de «activar los canales europeos, especialmente Greco y la Comisión de Venecia, denunciando cómo las dos reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar la separación de poderes».
Adelantan también que mantendrán reuniones con diversas instituciones -abogacía, procuradores, abogacía del Estado- para trasladarles los «peligros» del proyecto. Y se comprometen a impugnar en los tribunales una de las medidas que incluye la norma, la que prevé consolidar en sus puestos a los jueces y fiscales sustitutos.
Finalmente, convocan un paro de 10 minutos el día 11 de junio, a las 12:00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, «a fin de que los miembros de las carrera judicial y fiscal visibilicen el descontento por tales proyectos y el apoyo a los objetivos referidos».
El comunicado emitido este viernes está firmado por cinco de las siete asociaciones profesionales: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
El documento se cierra dejando abierta la puerta a la negociación, pero también a la huelga. Explica que las medidas se adoptan «sin perjuicio de mantener nuestra plena disposición a seguir debatiendo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios, con rigor y sincera colaboración, como siempre hemos hecho, la base de los referidos proyectos, y sin renunciar, así mismo, a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución de nuestros objetivo».
Bolaños ha comparecido hoy en la comisión de Justicia del Senado y ha reaccionado al comunicado. «Muchos de los temores que están planteando son infundados», ha dicho antes de mostrar «la mano tendida para seguir hablando con las asociaciones judiciales y de fiscales, con el sector jurídico, con los grupos parlamentarios para mejorar la ley en lo que sea necesario».
