Publicado: marzo 28, 2025, 11:07 am
«Es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal». Es la valoración que hace la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el que se revoca la sentencia que condenó a Dani Alves por agresión sexual. El fallo, que se puede recurrir, absuelve al ex jugador del FC Barcelona del delito por el que se le impusieron cuatro años y seis meses de cárcel.
Para la también dirigente de Podemos, la decisión «desprotege a las mujeres» y «mantiene la cultura de la impunidad de los agresores». Montero se ha referido en sus redes sociales al auto conocido este viernes y ha lamentado que el Alto Tribunal acuerde absolver a Alves del delito de agresión sexual «alegando que la víctima no es creíble».
El TSJC ha estimado por unanimidad el recurso que presentó la defensa del ex futbolista y, en el fallo hecho público hoy, apunta a una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante. Cuestiona el testimonio de la joven en la parte del relato objetivamente comprobable -por referirse a hechos de los que hay grabación en vídeo-, pues «lo que relata no se corresponde con la realidad». Observa así el Alto Tribunal «insuficiencias probatorias» y por ello acuerda revocar la condena de Alves.
Así, la nueva sentencia del caso rechaza que el ex futbolista agrediera sexualmente a la joven y se limita a considerar probado que Alves y la chica «mantuvieron relaciones sexuales». Montero, ante esto, ha insistido en recordar que, sin un consentimiento expreso por parte de la joven, se trata de una agresión sexual: «Solo sí es sí», ha señalado.
La ex ministra de Igualdad ha adjuntado a su publicación en la red social X un documento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que se recoge que, «con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos». Y añade la resolución: «Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de la impunidad».
