Publicado: noviembre 16, 2025, 1:07 am
Una ministra de Sánchez ha afirmado: «En este país, la ley se cumple». Lo dice pancha en referencia a la del aborto, que obliga a las autonomías a crear un registro de médicos que se opongan a practicarlos. Lo declaró el día que se cumple el plazo dado a las regiones y se manifestaron contra ella 3.000 médicos.
Madrid se ha negado a elaborar esa lista para impedir abrir una vía de agua en la protección de los derechos y libertades fundamentales y una grieta que permita y naturalice en el futuro el incumplimiento de los artículos 14, que prohíbe la discriminación por razón de opinión, entre otras, y 16 de la Constitución, que incluye la libertad ideológica, sin más límite que el «mantenimiento del orden público». La posición sobre el aborto es moral -religiosa o ideológica- y el registro obligatorio de objetores es un medio para asentarlo como derecho y sacarlo definitivamente del ámbito de los valores, principios y opiniones.
A finales del XVII, Carlos II y Jacobo II de Inglaterra usaron la libertad de culto como un malabar. Carlos II la reconoció pero impidió a los católicos el acceso a la función pública; Jacobo II aprobó la indulgencia por delitos penales aunque mantuvo a los católicos alejados de la administración. Desde la Convención francesa sabemos que la «salud pública» es una expresión de goma que pertenece exclusivamente al ámbito político. Luego los bolcheviques purgaron a los ideológica y socialmente apestados. El Tinell extendió un «cordón sanitario» y empalaga el recurso «higiene democrática». Durante la pandemia, se llamó «asesinos» y «contagiadores» a los críticos con su gestión y los enclaustramientos. El término salud pública se trasladó torticeramente al ámbito sanitario y permitió suspender, por ejemplo, el derecho al trabajo.
Si la ministra García aspira a que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo con todas las garantías en la Sanidad pública tiene que asegurar que los centros tengan medios y voluntarios suficientes, sin preguntarles si lo son por convicción, sentido del deber o aspiraciones profesionales. Mejor disponer de una lista de voluntarios que de disidentes partidarios del derecho a la vida.
Ayuso lo defiende y además desconfía del deber de sigilo del entorno de Sánchez. En 2024, la ministra Montero -interesada singularmente en un expediente- se anticipó y adelantó una noticia. Al poco, un diario amigo publicó que un ciudadano particular había incurrido en fraude fiscal. Como el Gobierno la tiene tomada con ese vecino por razones ajenas a su trajín y actividad, el fiscal general, en lugar de guardar reserva sobre los datos del malhadado ciudadano, se apresuró a difundir que reconocía la comisión de dos delitos contra Hacienda. Lo expuso a la hoguera pública y generó su indefensión posterior.
Por otro lado, Sánchez y Puente tienen un ejército de capitanes Wiesler rastreando y catalogando todo lo que se publica sobre ellos. En representación de Cerdán y en nombre del uno, Leyre Díez se plantó en la redacción de un periódico con un vídeo sexual de un fiscal desafecto. Nada de esto es conceptualmente ajeno a la lista de García. Ayuso tiene razón: tales antecedentes y señalamientos mueven a sospechar de la elaboración de inventariados y listas negras y del compromiso gubernamental de preservar el «acceso limitado» a los datos e información.
