Publicado: mayo 30, 2025, 1:07 am
La indicación fue clara desde el principio, desde que Óscar Puente colgó la palabra «sabotaje» contra el Gobierno al caos ferroviario del pasado 5 de mayo mientras la Guardia Civil ya sabía que era obra de la delincuencia común. El Ministerio del Interior ordenó con urgencia involucrar en la investigación del robo de cobre a todos los agentes de la Policía Judicial de las comunidades autónomas con red de alta velocidad. Esta prioridad sobre otras diligencias que estaban en marcha irritó a las unidades porque les obligó a dejarlas a un lado.
Los grupos «desatendieron» su trabajo para volcarse en un problema crónico denunciado ampliamente sin éxito durante años aunque no había derivado en una consecuencia de la magnitud de la del corte de trenes. El cataclismo cambió la visión de Interior y las policías judiciales se movilizaron apoyados por el Equipo ROCA (Robo en el Campo). Al margen de relegar sus investigaciones en otros asuntos, fue necesario doblar turnos y hacer horas de más para desbaratar a la mafia del cobre. El Ejecutivo no podía permitirse otra situación similar consciente que, dado el dinamismo de estas organizaciones, podría volver a producirse.
La consigna: sacar del circuito al primer escalón de las tramas dedicadas a robar cable de cobre, a las personas que están sobre el terreno. El objetivo se ha logrado con la detención de 21 hombres y la incautación de 20 toneladas de metal en ocho comunidades autónomas. En estos territorios, se sustrajeron bienes por un valor de 2,5 millones de euros.
La Guardia Civil atribuye a la red un total de 102 robos de cobre, entre ellos el que paralizó los trenes entre Madrid y Andalucía y que afectó a más de 10.000 viajeros. El grupo actuaba todos los días de la semana desde la provincia de Madrid, bien cometiendo los robos en esta comunidad, o bien desplazándose a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.
La Policía Judicial de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid, desvelan fuentes del Instituto Armado, ha estado dedicada a estas pesquisas, que comenzaron en junio de 2024 en la Comandancia del Instituto Armado de Valencia. La investigación se aceleró de manera «espectacular» tras el desastre ferroviario y en menos de dos meses la base de la pirámide se ha desbaratado. Según apuntan a este periódico fuentes de la investigación, en el caso del robo en los cinco puntos de Toledo que paralizó la circulación ferroviaria, las cámaras de seguridad de las gasolineras han sido determinantes para dar con las personas que materializaron el robo.
Pese a la culminación satisfactoria de la investigación, un amplio sector de los agentes que ha participado en ellas está contrariado y, de puertas para adentro, ha mostrado su disconformidad por el plan diseñado desde Madrid. No es el único desencuentro que el robo de cable ha causado entre el Instituto Armado y el Gobierno. El primero tuvo su epicentro en la manera en la que el ministro de Transportes abordó el asunto. Óscar Puente lo atribuyó a un boicot al mismo tiempo en que la Guardia Civil comunicaba que tenía la firma de la delincuencia común. A pesar de eso, Puente mantuvo su discurso. La Benemérita observó, desde el principio, similitudes con otros robos de cable de cobre y miró a la investigación que tenía abierta en Valencia desde junio de 2024. La suma de todos los recursos disponibles, aseguran las mismas fuentes, fue inmediata.
Así, se descubrió que la banda tenía una estructura jerarquizada y organizada: un grupo ejecutaba los robos, otro recogía los datos para los golpes y una última parte de la organización vendía el material robado. Además, actuaban en «rondas», en las que cometían varios robos en cuatro o cinco días, y se organizaban en células relativamente independientes, que en ocasiones crecían con la llegada de nuevos integrantes desde Rumanía. Enviaban los cables sustraídos a una localidad de Madrid para venderlos y refundirlos.
