Publicado: mayo 7, 2025, 6:07 am
El robo del cable de cobre que sumió en el caos la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha destapado públicamente la vía muerta en materia de seguridad que el Ministerio del Interior mantiene a la España vaciada. La asfixia en cuanto a personal e infraestructuras a la que somete a la Guardia Civil rural -encargada de atender todo tipo de delitos, incluidas las sustracciones de cable- es un hecho desde hace años, un problema crónico ampliamente denunciado por los agentes y con una nula atención por parte del Gobierno.
A pesar de tener una casuística especial, los recursos son limitados para cubrir un extenso territorio y entre las muchas funciones de los guardias civiles está la vigilancia de las vías de la alta velocidad, que no tienen un equipo especial para su custodia. El dato es ilustrativo: en la última década, en el mundo rural ha registrado el cierre de cuarteles, la reducción de horario de apertura y la merma de su plantilla. Los guardias civiles que trabajan en estas zonas atienden a poblaciones muchas veces dispersas y el problema se agrava con la falta de agentes y la creciente inseguridad. La diáspora de los cuarteles es otro punto adverso.
Por tanto, la sustracción que paralizó el AVE no es nada nuevo para el Instituto Armado cuyas escalas contemplaron con incredulidad cómo Óscar Puente encendió el botón del pánico y alborotó una situación que en las policías judiciales se asume con resignación ante la incapacidad de poder vigilar estos tramos. El robo en sí no sobresaltó a los mandos, ni a las escalas intermedias ni a las básicas, que dejaron pasar con indiferencia el desconocimiento del ministro de Transportes. Sus palabras de que todo obedecía a un sabotaje, por el contrario, sí que incomodaron. La irritación fue máxima, según las fuentes consultadas por este periódico.
Las zonas rurales acumulan robos, asaltos y otros delitos que, en ocasiones, se hacen muy difíciles de cubrir por la cantidad de kilómetros de distancia que los agentes deben hacer para acudir al lugar en el que se les requiere. En la mayoría de las zonas sólo hay una patrulla de vigilancia nocturna que debe atender todos los hechos delictivos que se produzcan en una misma noche entre los distintos pueblos de su demarcación: accidentes de tráfico, casos de violencia machista e incluso crímenes. También la custodia de las calles y las zonas alejadas del núcleo urbano, donde, por ejemplo, se encuentran las vías del tren que contienen el codiciado material. «El robo de cable de cobre junto a las vías va a volver a pasar», sentencian agentes consultados.
La estadística entiende una patrulla como guardias civiles que realizan un turno de trabajo. En la práctica, se traduce a dos agentes vigilando extensiones kilométricas sin medios. Esta situación se ha puesto sobre la mesa de Fernando Grande-Marlaska infinidad de veces. La han llevado las distintas agrupaciones de la Guardia Civil, pero no ha habido recepción. Es más, la Justicia tuvo que frenar las intenciones de Interior de oprimir todavía más la seguridad en la España rural.
El Tribunal Superior de Madrid (TSM), en una resolución adelantada por EL MUNDO el pasado febrero impidió a la Dirección General de la Guardia Civil reorganizar los cuarteles para paliar la falta de agentes en las zonas rurales. La pretensión, que incluso había entrado ya en funcionamiento en distintos acuartelamientos, tenía como finalidad que los responsables de los cuarteles formaran parte también de la seguridad ciudadana. Es decir, que simultanearan sus funciones organizativas con las del patrullaje.
Las intenciones del organismo que dirige Mercedes González afectaba y comprometía la seguridad de la España vaciada. Los jefes de los acuartelamientos han de estar presencialmente en ellos cuando se instruyen diligencias, hay detenidos o se les requiere para cualquier asunto relacionado con la gestión en su papel de máximos responsables. De acuerdo con la planificación anulada, estos superiores podrían estar por la mañana atendiendo su trabajo en el cuartel y por las tardes o las noches, patrullando. Además, si en algún momento del patrullaje hubieran sido requeridos para atender sus funciones de jefes, deberían haber vuelto al cuartel desatendiendo, a su vez, la calle. «No procede, entendemos, sino su anulación», concluyó el Tribunal Superior de Justicia.
