Publicado: agosto 10, 2025, 4:07 pm
Salvador Illa alcanzó la presidencia Generalitat un año atrás, en una sesión parlamentaria de tintes casi épicos al venir precedida de la incursión y fuga de Carles Puigdemont en Barcelona para intentar boicotearla y de una ajustadísima consulta interna en la que ERC avaló por sólo 550 votos respaldar la elección del socialista.
El también líder del PSC ha superado su primer ejercicio como jefe del Ejecutivo catalán acompasando su acción política a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que ha establecido una relación de mutua supervivencia basada en satisfacer las ambiciosas reclamaciones de sus socios independentistas para asegurarse una mínima estabilidad parlamentaria que les permita seguir adelante con sus respectivas legislaturas.
Illa exhibe su sanchismo sin tapujos, ya sea minimizando los casos de corrupción que asolan al PSOE, ya sea avalando las cesiones que el presidente realiza con Carles Puigdemont para asegurarse los determinantes siete votos de Junts en el Congreso. Así, Sánchez ha encontrado en el president el más firme defensor de la aprobación de la Ley de Amnistía y de que ésta favorezca el libre retorno del prófugo a España. El president se ha sumado, incluso, a los ataques al Tribunal Supremo -obviando su rol institucional- para intentar empujarle, sin éxito, a que aplique el borrado de los delitos del procés al jefe de filas de los neoconvergentes.
También ha acogido con aparente agrado Illa la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, a pesar de que la consideraba innecesaria y de que es conocedor de que, si la transferencia se acaba ejecutando, Junts la empleará para comprometerlo exigiendo que la use para aplicar una política migratoria de tintes etnicistas que incluya la obligatoriedad de aportar títulos de catalán para obtener la residencia en la autonomía y otras medidas como la prohibición del burka en el espacio público. Lo mismo ha ocurrido con la reclamación para que la lengua catalana sea reconocida como idioma oficial en la UE. Ha aflorado Illa como un embajador más al servicio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar a los Estados miembro tragar con la excepcionalidad que plantea España para sus lenguas cooficiales con el único objetivo de contentar a Puigdemont.
Claro que Illa no sólo da, también recibe. La principal obsesión del jefe del Ejecutivo catalán es mantener a ERC en un estado de relativo apaciguamiento, consciente de que, igual que facilitó su investidura, puede boicotear la legislatura catalana si los acuerdos suscritos con el PSC no son atendidos. La aplicación de estos pactos excede, no obstante, las competencias de la Generalitat. Y ahí es donde se evidencia la creciente influencia de Illa sobre Sánchez, al que condujo a iniciar el mes pasado el tránsito de Cataluña hacia el cupo, entregando a la Hacienda Catalana plenos poderes para recaudar, paulatinamente, todos los impuestos generados en la región, empezando por el IRPF en 2028. Después acordaron presidente y president iniciar un ataque conjunto a Isabel Díaz Ayuso para esconder su intención de romper la caja única de financiación acusando a la Comunidad de Madrid de insolidaridad por rebajar sus impuestos autonómicos.
También llevó Illa al presidente del Gobierno a aplicar la quita de la deuda que había acordado con ERC a cambio de sus votos para mantenerse a La Moncloa. La cuestión, que llevaba paralizada año y medio, se concretó el pasado febrero con la condonación de 17.104 millones de deuda a la Generalitat. Sin olvidar el traspaso de la red ferroviaria de Rodalies, asunto capital para la formación de Oriol Junqueras y que también ha empezado a ejecutarse.
Pese a los denodados esfuerzos de Sánchez e Illa por saciar a sus aliados separatistas, los dos líderes socialistas comparten una inestabilidad manifiesta, que se concreta en su incapacidad para gobernar de la mano de unos Presupuestos actualizados. No llegaron a presentar los de 2025, a pesar de que el presidente de la Generalitat fijó como su objetivo «prioritario» contar con unas nuevas cuentas públicas después de que ERC no consiguiera aprobar las de 2024 y eso condujera a la celebración anticipada de elecciones en Cataluña. Los republicanos, que se negaron a negociar siquiera los últimos Presupuestos del Estado y de la Generalitat, tampoco garantizan su apoyo a los del próximo año al ver una excesiva dilación en la puesta en marcha de la «financiación singular».
Esta indisimulable carencia ha sido maquillada por Illa con hitos tangibles como el retorno de La Caixa y el Sabadell tras su marcha por el 1-O, que el president se ha anotado como fruto de la «política de normalización» socialista en Cataluña. O como la ampliación del aeropuerto de El Prat, que también ha contado con la evidente colaboración del Gobierno, en este caso vía Aena, con la que la Generalitat ha acordado el proyecto de espaldas a ERC y los comunes, que en este caso no pueden frenar el crecimiento del aeródromo, pues no es preciso que el planteamiento sea respaldado por el Parlament.
La entente de Illa y Sánchez para exhibir esa presunta normalización de Cataluña tras quedar enterrado el procés se ha reflejado también en la recuperación de las relaciones institucionales entre la Generalitat, el Gobierno y la Casa Real. Después de que tanto Quim Torra como Pere Aragonès evitaran o limitaran su presencia en las Conferencias de Presidentes Autonómicos celebradas durante su etapa como president y de que repudiaran hasta el extremo a la Corona, Illa acogió el pasado junio en Barcelona el foro que reúne a los líderes de todas las autonomías y ejerció de ejemplar anfitrión para lucimiento de Sánchez. Ese mismo mes recibió a los Reyes en la simbólica montaña de Montserrat para conmemorar la celebración del milenario de su monasterio, a pesar de las protestas separatistas para obstaculizar la visita de Felipe VI y Doña Letizia.
El equilibrismo de Illa está siendo manifiesto. Enfurece al secesionismo con su acercamiento a la Monarquía, pero lo aplaca con cuestiones como la aplicación férrea de su política lingüística. Tras nombrar a un conseller de Política Lingüística heredado del Govern de ERC, el socialista promovió el denominado Pacte Nacional per la Llengua, con el que pretende extender la inmersión incluso a las empresas privadas, además de explorar la estrategia para no aplicar una eventual sentencia del Tribunal Constitucional favorable al 25% de castellano en las aulas. Desearía Illa que la decisión del tribunal de garantías se produjese durante el mandato de Cándido Conde-Pumpido, para garantizarse un fallo favorable inducido por Sánchez, como ha ocurrido con la amnistía.
