Publicado: agosto 4, 2025, 1:07 am
La Generalitat ofrecerá a los funcionarios de Hacienda afincados en Cataluña el traslado a la Agencia Tributaria de Cataluña ante la necesidad de muscular el fisco catalán para que empiece a recaudar el IRPF en 2028 y acabe gestionando todos los impuestos generados en la comunidad autónoma, como establece el acuerdo entre el PSC y ERC por el que se invistió a Salvador Illa presidente del Govern, y que cuenta con el visto bueno del Gobierno, pese a la inconcreción en los plazos de cumplimiento del pacto con los independentistas.
Ayer, Illa admitió que baraja la «opción» de facilitar el salto de empleados de Hacienda a la Agencia Tributaria catalana, como en su día se ofreció a los guardias civiles establecidos en Cataluña saltar a los Mossos d’Esquadra una vez obtuvieron estos las competencias de Seguridad y Tráfico en virtud del Pacto del Majestic suscrito entre el PP y la hoy extinta CiU. A los agentes estatales se les exigió una prueba de conocimientos, un examen de catalán y tres meses de academia.
«Es una opción que se siguió en su momento, que creo que responde a un planteamiento de sentido común, de ofrecer a aquellas personas que se quieran incorporar que puedan hacerlo», manifestó ayer el president en una entrevista concedida al diario Ara. Illa garantizó que, en caso de acabar ejecutándose esa maniobra, se respetarían las condiciones laborales de los técnicos procedentes de Hacienda.
La falta de personal en la Agencia Tributaria Catalana para asumir las plenas potestades en materia recaudatoria que el Gobierno le pretende otorgar es evidente. Y explica porque el inicio de la gestión del IRPF va a retrasarse a 2028, cuando en el pacto entre ERC y el PSC se fijaba que ese tributo masivo, que supone 25.000 millones de euros, debía ser enteramente recaudado por el fisco catalán en 2026.
Actualmente, trabajan en la Agencia Tributaria Catalana 850 empleados y la Generalitat estima que, para cumplir lo firmado con los secesionistas, será necesario ampliar la plantilla hasta entre 4.000 y 5.000 personas. El espejo no es otro que la delegación de Hacienda en la región, que atesora 4.400 trabajadores. A ese personal experto y ducho en la gestión de impuestos estatales es al que ahora el Gobierno autonómico desea captar.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ya está atenta a cómo se ejecute la transferencia y expresa su «firme rechazo y profunda preocupación por un eventual traslado de personal funcionario de la agencia estatal a la catalana sin su consentimiento».
La asociación reclama a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se «comprometa públicamente a garantizar que no se llevará a cabo ningún tipo de traspaso general o forzoso de funcionarios de la Agencia Tributaria estatal destinados en Cataluña».
El tránsito de la autonomía hacia la «plena soberanía fiscal» que reclama ERC constituye el principal reto de la legislatura para Illa, que justifica el retraso en la recaudación del IRPF y, por ende, el cumplimiento del primer paso del proceso por la necesidad de actuar con el «rigor» necesario ante una materia tan sensible como la gestión de impuestos.
La demora ha conducido a ERC a una situación incómoda. Por un lado, es consciente de que no conseguirá acelerar la puesta en marcha de la Hacienda Catalana, que ya diseñó su presidente, Oriol Junqueras, cuando era consejero de Economía, antes del 1-O. Y, por otro, necesita aparentar dureza para defender ante su electorado que mereció la pena ungir a Illa a pesar de que los plazos de cumplimiento del pacto de investidura se estén estirando.
Mientras, el president intenta desviar el foco apuntando a la Comunidad de Madrid como enemiga por su rebaja generalizada de impuestos. Ayer, el jefe del Ejecutivo catalán alegó que resulta necesario corregir «rebajas fiscales, que alteran la competencia entre territorios, que se suman a un efecto de capitalidad que ya les favorece y distorsiona la realidad económica». «Debemos poner freno a esta competencia desleal y dumping fiscal de Madrid».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rebatió que Madrid aporta «el 70% de la caja común» y reprochó al socialista «freír a los catalanes» con impuestos.
