Publicado: abril 30, 2025, 8:44 pm
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La nueva Ley de telecomunicaciones ha generado una nueva incertidumbre al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ). El proyecto contempla que una vez aprobada la nueva política del sector, el IFT transfiera sus recursos financieros a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que puedan ser asignados a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Pero esta disposición vulneraría los derechos de los trabajadores . El IFT se quedaría sin presupuesto para liquidar a las 1,400 plazas que aún laboran en el órgano regulador, contraviniendo el octavo transitorio del proyecto que estipula el respeto a los derechos laborales de dicha institución.
Javier Juárez Mojica, presidente comisionado del Instituto, exhortó a las autoridades y al Senado a dejar al IFT con los recursos necesarios que permitan garantizar los derechos laborales del ente autónomo. “Vamos a atender en todo momento el rediseño institucional que está en marcha, pero es muy relevante contemplar, para darle vida a estos conceptos que se contemplan en la constitución y en la ley, el respeto a los derechos humanos y laborales y para eso se requieren recursos”, aseguró el funcionario en el foro de reforma de telecomunicaciones: desafíos y oportunidades. Para este año, la Secretaría de Hacienda destinó al IFT un presupuesto de 1,680 millones de pesos para ejercer sus labores regulatorias en el ámbito de las telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto de Ley de telecomunicaciones actualmente se encuentra frenado debido a que diversos artículos causaron polémica por su posible umbral de censura. Ahora, a través de foros con industria, academia y especialistas se busca modificar la redacción de varios transitorios, en especial del artículo 109 correspondiente a bloqueos de plataformas digitales. Pero el comisionado presidente del IFT ha pedido que dentro de esos cambios y discusiones se contemple la garantía de los derechos laborales de los colaboradores del Instituto.
Trabajadores piden respetar sus derechos laborales Por separado, trabajadores del IFT han enviado una misiva a la Cámara de Diputados en donde acusan que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones presenta varias ambigüedades para la protección de sus derechos como colaboradores, ante la inminente extinción del regulador. Para proteger sus garantías laborales, han solicitado modificar el octavo transitorio para “establecer explícitamente la transferencia del personal del Instituto a la nueva dependencia que asumirá sus atribuciones”, es decir, a la Agencia de Transformación Digital, de acuerdo con la carta que enviaron los trabajadores a Diputados. También han pedido garantizar el pago de finiquito (proporcional de aguinaldo, vacaciones no ejercidas, prima vacacional, prima de antigüedad); así como pago de retribución/ asimilado a liquidación laboral que implica tres meses de sueldo más 20 días por cada año de antigüedad. El IFT en medio de la incertidumbre ha mantenido su operación. En el primer trimestre de este año, el Instituto logró generar 18.8 miles de millones de pesos, por el concepto de recaudación de espectro radioeléctrico, implicando 1.1 miles de millones de pesos más que tenía contemplada la Ley de ingresos para todo 2025. “El Instituto ha seguido cumpliendo con su labor y ha seguido respondiendo al Estado mexicano como nos corresponde”, dijo Juárez Mojica.
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