Publicado: mayo 28, 2025, 4:07 am
Hamid llegó a España desde Marruecos hace varias décadas y se afincó en la Costa del Sol, donde encontró un buen empleo en el sector de la seguridad privada. Quienes le conocen señalan que comenzó como auxiliar porque no contaba con la cualificación profesional necesaria para ejercer como vigilante. Hoy es portero, conserje, supervisor o incluso director -depende de a quien se pregunte- de una urbanización de lujo en Estepona (Málaga) y percibe por ello un sueldo base de 94.900 euros, a cuya aprobación ha contribuido él mismo y que en este último ejercicio ha alcanzado los 97.500 euros.
Ni que decir tiene que gana más de lo que cobran, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (89.275 euros), sus consejeros (85.257 euros) o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (90.815 euros), el mejor retribuido de esta provincia andaluza.
Para completar su remuneración -a la altura de un ejecutivo de primera fila- hace tres años se planteó en una junta general de propietarios que Hamid pudiese contar con un plan de pensiones o un seguro de vida del que, obviamente, debería hacerse cargo la comunidad. La sugerencia no partió de él directamente, por supuesto.
Algunos comuneros se mostraron molestos con tal propuesta porque creían -y siguen creyendo- que el portero de Cabo Bermejo tiene un «mas que buen sueldo» y ya les «cuesta lo suficiente cada año», comenta un vecino de esta urbanización que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias. Represalias que pueden ir desde que el presidente de la urbanización tache de «ridículas» las opiniones de un vecino en una comunicación general a que el servicio de seguridad se retrase ante un aviso, alguien te raye el coche, no te entreguen la correspondencia o te nieguen un mando para acceder al garaje, aclara.
Por el contrario, contó con el beneplácito de aquellos a los que el conserje les lleva el coche al taller, les acondiciona el apartamento antes de su llegada, les hace la compra o algún que otro favor de carácter más privado, aclara este propietario. Al final, no se aprobó la iniciativa, así que «Hamid salió de la reunión haciéndose el indignado y se tomó unas largas vacaciones sin avisar de su vuelta. Quería hacerse valer», precisa.
La mejora de las condiciones laborales del conserje ha seguido rondando como una alargada sombra de verano en este residencial de la nueva Milla de Oro de la Costa del Sol, en el que tanto el presidente de la comunidad, el británico Martin Morris, como los administradores de la finca, Administraciones Calderón, defienden a capa y espada el salario y el trabajo de su portero.
Así pues, en 2024 -merced a imprevistos varios- la retribución del conserje superó los 97.000 euros y este generoso aumento de más de 2.500 euros se ha consolidado en el presupuesto de Cabo Bermejo de 2025.
Hay que entender -dice la abogada de la comunidad, Yolanda García- que «Hamid trabaja 365 días del año, 24 horas al día» y «los comuneros confían muchísimo en él», pero la realidad es que «a quien pone especial dedicación es a aquellos propietarios que aplauden su labor y defienden sus demandas», apunta este vecino, preocupado por unas cuotas de comunidad que superan los 1.000 euros mensuales.
¿Favores a cambio de votos?
La letrada insiste en que «no hay tráfico de influencias» y que las propuestas de subida de sueldo o de contratación de un seguro para el portero «no vienen de Hamid o del presidente, suelen venir de la propia junta (de vecinos) y de los propietarios» porque -recalca- «lo que Hamid hace es una función mucho más allá de las de un mero conserje» y justifica esos «favores privados» que el portero realiza a los vecinos en que «muchos lo conocen desde hace veinte años».
El perfil del propietario de esta urbanización que tiene más presupuesto que algunos pueblos españoles (1.776.927 euros en 2024), aclara la abogada de Cabo Bermejo, es «gente de negocios con empresas muy grandes y muchísimo dinero».
Los vecinos -la mayoría extranjeros– son conscientes de que están abonando una comunidad excepcionalmente cara, según ha podido confirmar este diario. De hecho, muchos se avergüenzan de comentar a amigos y allegados en sus países de origen que pagan por los gastos comunitarios lo mismo que por el alquiler de un piso, pero lo asumen porque incluye «pequeños favores y trabajos» de los que, al final, se acaba haciendo cargo la comunidad. Son los que no están dispuestos a entrar en ese juego porque «es injusto» y no se benefician de ese trato de favor, los que no están contentos.
Este es otro caso como el de Stephen Hills, el presidente de una comunidad, también en Estepona, que percibe por ello más de 100.000 euros, una remuneración económica muy próxima a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además de beneficiarse de un sueldo astronómico que pagan -no sin recelo- los propietarios de exclusivos residenciales de la Costa del Sol, Stephen y Hamid tienen otro punto en común: los dos han participado activamente y han aprobado para sí mismos lo que ellos consideran que se merecen cobrar. ¿Cómo? Gracias, fundamentalmente, a las delegaciones de voto con las que acuden a las reuniones de la comunidad, verdaderos «cheques en blanco que les firman propietarios amigos para los que todo son facilidades», señalan desde la junta directiva de la Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos (APERCOVE).
Los favores con cargo a las arcas comunes, sobre todo a quienes no residen en la urbanización o no conocen el idioma, «permiten a algunos presidentes, administradores e incluso porteros sin escrúpulos secuestrar a la comunidad y convertirla en su negocio particular», señalan desde una asociación que ha nacido -insisten- para dar visibilidad a este problema e impulsar un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal.
