Publicado: julio 22, 2025, 4:07 am
El Ministerio de Hacienda presiona a las comunidades autónomas e incumple el plazo previsto para transferirles 10.000 millones en concepto de actualización de entregas a cuenta del primer semestre del año.
Según ha podido confirmar EL MUNDO en distintos gobiernos autonómicos de uno y otro signo político, el Gobierno no llegó a transferir el pasado día 18, el día prometido, la actualización de entregas a cuenta correspondientes al citado primer semestre y que esperaban con ansiedad en las consejerías de Hacienda, en particular las que están ya sufriendo tensiones de tesorería.
«Les informamos de que finalmente el pago se realizará el 30 de julio», asegura el Servicio de Ordenación de Pagos del Ministerio de Economía siguiendo instrucciones del de Hacienda, según una misiva a las CCAA a la que ha tenido acceso este diario. Ese nuevo aplazamiento se produce a pesar de que el mismo departamento había asegurado el pasado día 11 de julio que la ansiada transferencia se produciría una semana después, el pasado viernes.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía se remitieron al departamento que dirige María Jesús Montero sobre las razones del aplazamiento del pago y Hacienda no proporcionó una explicación, aunque restó importancia al retraso.
En el sector autonómico, una parte de las fuentes consultadas lo atribuyen a problemas de liquidez del Tesoro y otra a presión política sobre las CCAAque son gobernadas en su mayoría por el PP. Las entregas a cuenta son particularmente necesarias para las comunidades más infrafinanciadas: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
El aplazamiento coincide con que el PP aún no había desvelado este lunes su voto sobre la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes y que incluye precisamente actualizar entregas a cuenta.
Este hecho se añade a un largo retraso en las entregas a cuenta, que son anticipos que hace el Estado sobre lo recaudado en las comunidades autónomas en base un cálculo de lo que les terminará correspondiendo cuando se liquide el ejercicio.
La vicepresidenta primera del Gobierno sostiene que podría evitar hacer esa transferencia al no existir Ley de Presupuestos y al no haber apoyado el PP, entre otros partidos, un intento previo de actualizar las entregas en cuenta mediante el llamado decreto ómnibus de principios de año.
Finalmente, tras un largo tira y afloja, Montero aceptó el pasado 17 de junio elaborar un decreto específico para la financiación autonómica sin mezclarlo con otras partidas que pudieran resultar indigeribles para la oposición. De ese mod0, aprobó el llamado Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.
Según el Ministerio de Hacienda es el que permite repartir entre las comunidades «147.412 millones en concepto de entregas a cuenta, un 9,5% más que el año anterior». «A esa cantidad hay que sumar 11.692 millones de la previsión de liquidación de 2023, lo que permite una financiación total récord de 158.167 millones para este año», añade el Ministerio. Se trata de una cifra sin precedentes, según Hacienda.
Sin embargo, las comunidades más infrafinanciadas están experimentando problemas de liquidez porque el dinero no llega y Hacienda no concreta una partida que reparte todos los años, el llamado Extra FLA y que en este 2025 aún no ha desbloqueado.
Fuentes de la Generalitat Valenciana resaltan el alivio que supuso, al fallarles el Ministerio, haber podido firmar el pasado viernes un crédito con CaixaBank, que mantiene su sede en Valencia. La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, y la directora territorial de CaixaBank, Olga García, suscribieron «una operación de crédito a corto plazo por importe de 1.616 millones de euros que permite a la Generalitat atender necesidades puntuales de tesorería (…) ante el retraso en la llegada de los recursos del FLA extraordinario para financiar el exceso de déficit de la Administración autonómica en 2024», según un comunicado oficial.
