Publicado: febrero 15, 2025, 1:07 am
La coalición de Gobierno termina la semana tal y como la empezó: totalmente dividida sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional. Un movimiento claramente poco medido donde una medida de alto valor social, como era la nueva subida de ese SMI, ha quedado totalmente opacada por la falta de entendimiento entre PSOE y Sumar por la tributación, por primera vez en la historia, en el IRPF.
Han sido cuatro días de guerra fría, sin final en el horizonte. Las dos grandes protagonistas, vicepresidentas primera y segunda de Sánchez, ni se cruzaron en el Congreso. La silla vacía en los bancos azules junto a Díaz -se justificó por la enfermedad de Montero-, el miércoles, fue el detalle gráfico de una batalla que a viernes seguía abierta, entre plantes y posiciones férreas. Este viernes, ya habló la ministra de Hacienda y lanzó contra su compañera la acusación de «populista», mientras la titular de Trabajo, durante las 72 horas posteriores al gran choque durante el Consejo de Ministros insistía, desde Moncloa a un acto en París, en que se trate de que paguen los de «arriba» y no los de «abajo».
Sin visos de entendimiento desde aquel hito del martes, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Pilar Alegría comparecían en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Allí, Díaz alegaba haberse enterado por los propios medios de comunicación de que las personas que cobren este SMI estarán a partir de ahora obligadas a tributar en el IRPF. A esta afirmación, Alegría no dudaba en reaccionar y le decía, en voz baja pero perfectamente audible: «Eso no es así». La tensión fue latente en la comparecencia, en la que Díaz denunciaba la falta de comunicación entre los socios: «No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno», zanjó. Cabe recordar que esta reciente subida pactaba el SMI en los 1.184 euros mensuales y 14 pagas.
No ha sido menor la fractura en el Congreso, con tres proposiciones de ley -de Sumar, PP y Podemos- para un mismo fin, pero por medios muy diferentes. El PP se frota las manos ante el choque entre los socios de Gobierno, aunque Sumar descarta un hipotético pacto con Génova.
Sumar rechaza las de PP y Podemos porque «solucionan sólo la mitad del problema: hacen las retenciones iguales a cero, pero esto no significa anular el impuesto sobre la renta en todos los casos», según fuentes del grupo. «La nuestra es más completa porque ni te retienen ni pagas IRPF, aunque tengas dos pagadores». A las tres proposiciones, se añade una iniciativa conjunta de ERC y BNG, por lo que habría votos suficientes para una mayoría alternativa al PSOE, de no menos de 182 diputados, incluidos los seis de Bildu.
Aunque un día después de la quiebra, Sumar pedía una negociación con su socio, el PSOE no se pliega. María Jesús Montero, además de denunciar el «populismo fiscal» de Díaz, defendió que España es uno de los países con menor tributación de la UE. Insistió en que, dado que el SMI ya no es una «renta de subsistencia», sino que se acerca a una cuantía «digna» y, por ello, estos salarios deben contribuir a la financiación de los servicios públicos.
Su tesis la comparten también algunos como Bolaños, ministro de la Presidencia, que era claro en sus palabras: «Bendito debate, hemos subido tanto el SMI que hay parte de los perceptores que tienen que pagar parte de la subida a Hacienda». Es decir, tampoco dejaba opción a la no tributación. Y aprovechaba para tirar de argumentario contra el PP: «Con ellos era tan bajo que lo único que estaba en cuestión es si los últimos días de mes se podía llenar la nevera». También Pilar Alegría, cara visible el martes de ese ‘rifirrafe’ público con Díaz, decía enorgullecerse de la subida del SMI y de haber «dado la vuelta» a la realidad con la que se encontraron hace seis años en su llegada a la Moncloa, cuando el SMI se situaba en 736 euros.
Y cerraba el aluvión socialista Carlos Cuerpo. Para el ministro de Economía, la subida del SMI del 4,4% «bebe de las recomendaciones del informe de expertos, que proponía un rango, y esta es la parte alta del rango», es decir, se optó por el incremento máximo del SMI porque contemplaba una carga de IRPF. En eso se basa el socio mayoritario del Gobierno para defender que Díaz sí conocía la tributación. Cuerpo remató con una crítica nada velada a la compañera con la que hace unas semanas se enfrentó por la reducción de la jornada laboral: «La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas, porque lo dirige el Ministerio de Trabajo».
Mientras, algunas comunidades gobernadas por el PP ya preparan medidas que, consideran, servirán para paliar el efecto fiscal de elevar el SMI sin subir a su vez el umbral de renta exento de tributación. Murcia, a la cabeza, ya la tiene lista. Otro ejemplo es Madrid, que va a bajar este año 0,5 puntos el tipo mínimo del primer tramo aplicable del IRPF, medida que llevará a cabo de forma similar Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. En otras CCAA, como en Aragón, esperarán a conocer los datos definitivos de la nueva reforma de financiación y a cerrar el Presupuesto de 2025 para ver si tienen margen de actuación.
Además, Junts entró este viernes en el debate para defender que la subida «no puede ser lineal en todo el Estado» y debe modularse en función del coste de la vida de cada comunidad. Jordi Turull reclamó que los asalariados catalanes perciban un SMI más alto porque el coste de vida allí es más elevado que la media española. En sus propias palabras, en un ingrediente más para esta semana, «con ese sueldo, un trabajador catalán puede comprar mucho menos que uno de Extremadura». Ya no falta nadie en esta polémica.
