Publicado: febrero 18, 2025, 12:07 am
El Gobierno de Pedro Sánchez aprieta el acelerador con la mirada puesta en los apoyos necesarios para poder aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo busca amarrar el voto de los partidos independentistas catalanes y, para ello, ha puesto a rodar la maquinaria del contenido de sus respectivos pactos tanto con Junts como con Esquerra Republicana, con siete diputados cada uno en el Congreso.
Si, hace ocho días, la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, avanzó que los Mossos d’Esquadra asumirán a partir de septiembre el control de la seguridad en los aeropuertos y puertos catalanes, esta semana ha comenzado con un nuevo anuncio sobre traspasos competenciales. La nueva empresa mixta que gestionará Rodalies (Cercanías) en Cataluña estará operativa antes de que acabe el año. La transferencia del servicio ferroviario a manos autonómicas fue uno de los compromisos del PSOE con ERC para la investidura del presidente en noviembre de 2023.
Con el pacto rubricado ayer entre el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, Gobierno y Generalitat abrieron una ronda de cuatro citas bilaterales a celebrar antes de que termine febrero. Los dos Ejecutivos acordaron hace un mes la reactivación de la Comisión Bilateral, el principal espacio de relación entre ambas Administraciones según fija el Estatut, que no se convocaba desde hacía tres años.
Unas horas antes de reunirse el primero de estos foros [la Comisión de Infraestructuras], los socialistas accedieron a ceder el protagonismo a una Esquerra ensombrecida por los titulares que Junts acapara en la política española. Los republicanos capitalizaron a mediodía el anuncio de la constitución de la futura sociedad mercantil gestora de Rodalies con una comparecencia conjunta de su secretaria general, Elisenda Alamany, con la propia consellera Paneque. La empresa pública tendrá sus estatutos aprobados este trimestre y la Generalitat contará una participación mayoritaria y será quien nombre al presidente del consejo de administración, que dispondrá de voto de calidad.
«Queremos que todo aquello que afecta a los catalanes esté gestionado desde nuestro país», manifestó Alamany, que valoró «haber pasado de un acuerdo entre partidos a uno entre Gobiernos», consciente de que la letra pequeña de los pactos de investidura con el PSOE y el PSC encierra ciertas dificultades para su materialización, como sucede con el trasvase de plantilla de Renfe.
Poco antes de esa rueda de prensa, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, buscó aguar el anuncio calificándolo como «fake«: «Una empresa mixta en la que la última palabra, la del veto a las principales infraestructuras, la tiene el Estado no es un traspaso». Según el número dos de los neoconvergentes, «todo lo que no sea una transferencia integral duplica servicios y es un lío», algo que su partido quiere evitar en la negociación con el Gobierno para la cesión de las competencias en inmigración.
Financiación singular
Los Ejecutivos de Sánchez y Salvador Illa volverán a compartir mesa la próxima semana y será entonces cuando, en el orden de día, aparecerá la otra patata caliente que el PSOE y el PSC tienen con ERC, la financiación autonómica. El lunes 24, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunirá en Barcelona con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, al frente de un cónclave que, según el Estatut, debería agendarse, al menos, dos veces al año. Los titulares de estos dos departamentos también encabezarán, ese mismo día, la Comisión Mixta de Transferencias, cuyo antecedente más inmediato se remonta a noviembre de 2010.
La semana se cerrará con la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero. Este grupo de trabajo bilateral se reunió más recientemente que los otros tres. Fue el pasado 22 de julio, con Esquerra en funciones en el Govern y en plenas negociaciones con el PSC para la investidura de Illa. El viernes pasado, el Ejecutivo del PSC escenificó con otro gesto su aproximación a las exigencias de ERC de acelerar los pasos hacia el nuevo modelo de soberanía fiscal. La Agencia Tributaria de Cataluña se reforzará en los próximos meses con más de un centenar de efectivos para la próxima campaña de la renta, con la que se preparará para asumir la recaudación de todo el IRPF en 2026. El organismo regional incorporará 102 trabajadores de forma temporal y después otros 90, con carácter permanente, a través de diferentes convocatorias.
Entre ambas jornadas, además, se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el día 26 en Madrid, en el que, entre otros puntos, se abordará la condonación de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Esquerra logró arrancar al PSOE, en 2023, el compromiso de la quita del 20% de la obligación de devolver con intereses 75.000 euros en préstamos del Estado a través de este mecanismo.
