Publicado: abril 22, 2025, 1:07 am
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se dispone a proponer para su designación a cuatro nuevos fiscales de Sala, es decir, cuatro miembros de la máxima categoría del Ministerio Público. Estas propuestas de nombramiento, que debe efectuar García Ortiz tras escuchar hoy al Consejo Fiscal, se encuentran rodeadas de cierta polémica ya que el fiscal general está al borde del procesamiento por revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Estas nuevas designaciones llegan cuando el cuestionamiento de García Ortiz es más que notorio en el seno de la Carrera Fiscal.
En concreto, el Consejo Fiscal votará sobre la designación de la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer (en esta plaza la única peticionaria es la actual fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes); la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, tras el fallecimiento del fiscal Luis del Río, y dos plazas de nueva creación: fiscal de Sala coordinador de Delitos Económicos y fiscal de Sala coordinador de Delitos contra la Administración Pública.
De estos nombramientos despierta especial rechazo la plaza de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, ya que fuentes fiscales consideran que, bajo esta nueva figura de fiscal de la máxima categoría, se pretende poner en marcha «una fiscalía paralela» para que desde la Fiscalía General se ejerza «un mayor control» sobre los casos de corrupción más sensibles.
Además, fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO destacan el momento elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para la creación de esta plaza de fiscal de Sala, es decir, cuando se encuentra cercado por causas de corrupción que afectan a su familia -como son el caso Begoña y el de David Sánchez– o a su Gobierno -el denominado caso Koldo que investigan tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional. La plaza se creó vía real decreto, con «extraordinaria urgencia», en vez de través de una norma jurídica con rango de ley. Contó, además, con el informe contrario del Consejo Fiscal.
Por su parte, en la Fiscalía Anticorrupción, la idea mayoritaria es que, con la creación de esta unidad, se les van a dejar de asignar casos que en la actualidad son de su competencia. Las fuentes consultadas aprecian ese riesgo sobre futuros casos de corrupción que puedan ser especialmente delicados.
Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF) pidió ayer a García Ortiz que, atendiendo «al principio de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y del principio de imparcialidad que sirve como presupuesto de la actuación objetiva de la administración pública», se «abstenga» de intervenir en este nombramiento. La AF, mayoritaria en la Carrera Fiscal, envió una carta al fiscal general donde le pidió que «no comprometa más la imagen de nuestra institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad. Su abstención en este proceso es inevitable y, en tanto, extraer del orden del día del próximo Consejo Fiscal la propuesta de nombramiento de la plaza de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública una necesidad que debe contribuir a la mayor credibilidad de nuestra institución», recogía la misiva.
Cristina Dexeus, fiscal y presidenta de la AF.ARABA PRESS
«Esta asociación considera que usted tiene un interés personal» en la propuesta de nombramiento que pueda realizar respecto del cargo de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública ya que le corresponderá «la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el específico proceso penal actualmente en trámite de instrucción ante la Sala Segunda contra la persona que ostenta el cargo de fiscal general del Estado, en su calidad de investigado por un delito contra la Administración Pública». Se da la circunstancia de que el delito de revelación de secretos por el que se encuentra imputado García Ortiz se engloba entre los denominados delitos contra la Administración.
La AF subrayó que, además de las razones jurídicas de fondo expuestas, se trata de un problema de apariencia de parcialidad. «No es admisible que un fiscal general del Estado pueda proponer el nombramiento del fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente», enfatizaron.
En la misiva, este colectivo recalcó que «ninguna participación en este proceso es neutra, por lo que debe abstenerse de toda actuación respecto del procedimiento de selección para la provisión de esta plaza». «No procede la introducción del debate en orden del día del próximo 22 de abril, ni la participación de usted en el Consejo Fiscal, ni realizar formalmente la propuesta de nombramiento de aspirantes a dicho cargo de la Carrera Fiscal, acto que por otra parte únicamente le corresponde al propio fiscal general del Estado».
A esta plaza aspiran el fiscal Emilio Sánchez Ulled, en la actualidad en situación de servicios especiales como consejero de Justicia de la Unión Europea, los fiscales del Tribunal Supremo Álvaro Redondo y Rafael Escobar; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell; y la fiscal decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, Virna Alonso Fernández, informan fuentes fiscales.
Además, junto a los nombramientos, los vocales del Consejo Fiscal prevén hoy debatir sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, impulsada por el Gobierno.
