Publicado: noviembre 16, 2025, 12:07 am
Entre el «audiencia pública» de la mañana del 3 de noviembre y el «visto para sentencia» de la tarde del 13, por el Tribunal Supremo pasaron 40 testigos para intentar aclarar la comisión o no de un delito de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No todos habían sido solicitados por acusaciones y defensas y no todos tuvieron, a la vista del desarrollo de los interrogatorios, igual relevancia. Para dictar sentencia, los siete magistrados deliberarán sobre varios elementos que han focalizado el juicio: esas testificales de mayor enjundia y la nota de prensa impulsada por el acusado, que con el avance de la vista fue ganando alcance y acabó teniendo amplio reflejo en los informes finales de las acusaciones.
Teniente coronel de la UCO
Álvaro García Ortiz se sentó en su silla de acusado el pasado miércoles tras haber escuchado esa mañana las declaraciones más comprometidas para él, las de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) autores de los informes que le señalaban como responsable de la filtración. Ellos no eran un presunto delincuente (González Amador) ni una fiscal supuestamente hostil (Almudena Lastra). Eran funcionarios públicos comisionados por el juez sin parte en el asunto hasta que se les encomendó investigarlo. En la Sala se escuchó por qué habían señalado a García Ortiz: era el fiscal general del Estado el que había tenido «el dominio» de todo lo que sucedía esa noche en el trasiego de información sobre las negociaciones para una conformidad.
«¿Quién tiene esa información? La tiene la Fiscalía General. Todo lo que se ha filtrado textualmente antes estaba en manos de la Fiscalía General del Estado», afirmó el teniente coronel Antonio Balas. Si algún paso lo había dado otra persona de su equipo, era reprochable a él: «Lo que haga esa Fiscalía General no lo va a hacer sin conocimiento ni dominio del fiscal general».
Los agentes le responsabilizaron de la filtración del correo clave y de la elaboración de la nota de prensa por la que también se le acusa. «Es el fiscal general quien dice y quien mueve esa nota de prensa y quien tiene la urgencia de darla», afirmó el alto mando de la UCO. «Quien sabe cómo va a salir la nota es la Fiscalía General del Estado. Lo sabe la Fiscalía General y el periodista de la Ser porque apunta que la nota saldrá ‘en las próximas horas’. Se ve que hay una comunicación con quien sabe, con quien tiene en dominio», detalló.
Los investigadores rechazaron los reproches de la defensa por no haber investigado a otras personas que podrían haber filtrado el correo clave. «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas», le respondió el teniente coronel. «Las investigaciones se centran en personas sobre la que hay indicios, sospechas de propósito, oportunidad… Ya le he dicho que había un elenco de personas [investigadas, en referencia a otros tres fiscales que estuvieron imputados] y que se fue decantando a una persona […] Lo que usted dice sí es una investigación prospectiva imposible de realizar. Yo solo llevo investigando desde 1999…».
El daño a González Amador
La víctima más directa de la filtración -las leyes indican que también lo es la Administración de Justicia– ofreció en su comparecencia del día 4 una intensa declaración que reflejó el perjuicio que le supuso que se aireara el mensaje de su abogado a la Fiscalía en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales. «Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente, me había destrozado por completo», afirmó Alberto González Amador frente a los siete miembros del tribunal y girándose hacia el asiento que el acusado ocupaba en estrados.
El empresario acusado de fraude fiscal, que hasta el juicio no había hecho declaraciones públicas, lamentó haber salido del anonimato que pretendió mantener incluso siendo pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «Esta es una cuestión personal mía. Ella va a seguir en Madrid ganando elecciones. Sánchez puede seguir en su sitio, el fiscal general del Estado sigue aquí, de hecho. A mí es al que han destrozado la vida. […] El punto de inflexión es la nota de prensa que saca el fiscal general. Es el origen, es la raíz por la cual yo estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente». Cerró la intervención reflejando de forma breve su situación: «O me voy de España o me suicido».
El delito por el que piden condenar todas las acusaciones -entre tres y seis meses de prisión, según el caso- es el de violación de secretos del artículo 417.2 del Código Penal, que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados». Cuando se trata de secretos «de un particular», las penas son de dos a cuatro años de prisión, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
La nota de prensa también se filtró
La vista oral desveló hasta ahora un hecho que había pasado inadvertido a lo largo de la instrucción y que fue incorporado por las acusaciones en sus calificaciones definitivas. La nota de la Fiscalía General del Estado, con los pormenores de las conversaciones entre el fiscal de Delitos Económicos de Madrid y el letrado de González Amador, el fiscalista Carlos Neira, también fue filtrada antes de ser enviada por el conducto oficial -el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid- a los medios de comunicación a las 10.22 horas del 14 de marzo de 2024.
Durante su comparecencia, la directora de Comunicación de Álvaro García Ortiz, Mar Hedo, lo admitió a preguntas del abogado Gabriel Rodríguez-Ramos, en representación de González Amador. La nota fue publicada en primer lugar por el diario El País. En concreto, a las 07.14 horas del día 14 de marzo. Es decir, varias horas antes de que fuera distribuida al resto de medios de comunicación.
El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa, decidió que la filtración del correo de la confesión de González Amador -donde se exponía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública»- y la emisión de la nota de prensa de la Fiscalía General constituían una «unidad de acto» y que, por lo tanto, García Ortiz debía ser juzgado por ambos hechos, aunque las defensas, apoyándose en el auto de admisión de la exposición razonada contra el fiscal general, han tratado de dejar el comunicado fuera del núcleo decisorio de la sentencia.
La Abogacía estalla contra la Fiscalía
Desde un punto de vista institucional, y como prueba de la actuación sin precedentes que supuso la actuación de la Fiscalía, el testimonio durante el juicio del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, fue muy revelador. El ICAM fue el organismo que decidió querellarse en primer lugar contra miembros del Ministerio Fiscal por estos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Durante su comparecencia, Ribón subrayó que las conversaciones entre abogado y Fiscalía en aras de alcanzar un acuerdo de conformidad son «absolutamente confidenciales». «Sin confidencialidad no es posible una defensa libre (…) Sin abogados libres no hay justicia», abundó el decano del ICAM. «Nunca habíamos vivido una situación que fracturara de esa manera el derecho de defensa», aseveró además Eugenio Ribón.
Y de nuevo otorgó a la nota de prensa un protagonismo que ha salido a relucir durante todo el juicio. «Uno de los puntos clave» que puso en pie de guerra al Colegio de la Abogacía de Madrid «fue la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles», declaró. «No era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos», concluyó el decano.
