Publicado: mayo 22, 2025, 2:07 am
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a través de su Secretaria Técnica, ha dado un plazo de tres días a los fiscales que integran la cúpula fiscal para pronunciarse sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El documento remitido a los fiscales de Sala por parte de la fiscal jefe de la Técnica, al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge que «dado que el contenido del anteproyecto tiene incidencia en la materia propia de su desempeño, ruego a usted valore la posibilidad de, en su caso, emitir informe con las consideraciones que entienda oportunas en relación con su articulado».
La solicitud fue cursada el pasado martes y en la misma se detalla que el plazo que tienen los fiscales de la máxima categoría de la carrera fiscal para valorar esta reforma de calado acaba «a las 15 horas del viernes 23 de mayo de 2025». La perentoria petición se debe a que el Gobierno ha decidido tramitar por la vía de urgencia la reforma del EOMF, solicitando en el plazo «improrrogable de 15 días hábiles» al Consejo Fiscal su informe preceptivo, pero no vinculante, sobre el anteproyecto de Ley.
Las prisas del Ejecutivo, extrapoladas por la Fiscalía General, han causado recelos entre distintos fiscales de Sala que consideran «muy poco serio» dar un plazo de tres días para abordar una reforma «que lleva pendiente 40 años». Asimismo, estas fuentes fiscales ponen énfasis en que se solicita una valoración del Estatuto, que irá incluida a su vez en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (con el objetivo de dejar la instrucción de las causas penales a los fiscales), que «desconocemos».
Como desveló este periódico, la modificación del Estatuto Orgánico otorga un papel decisorio a la Junta de Fiscales de Sala, considerada el ‘generalato’ del Ministerio Público. A partir de ahora, para resolver las discrepancias con los criterios impartidos por el fiscal general, se refuerza el papel de la Junta, que podrá imponer su criterio sobre el máximo representante de la Fiscalía si este resulta apoyado por al menos las tres quintas partes de sus miembros.
La medida convierte así a la Junta de Fiscales de Sala en un contrapoder de facto frente al del fiscal general. Sin embargo, a nadie se le escapa que la cúpula fiscal ha sido copada por fiscales de sensibilidad progresista, la mayoría miembros o ex miembros de la Unión Progresista de Fiscales, durante los mandatos de los fiscales generales nombrados por Pedro Sánchez. Así ha ocurrido tanto en la etapa de la ex ministra Dolores Delgado como ahora con García Ortiz dirigiendo la institución.
Y en este caso, el control de la Junta, que ha sufrido en la ‘era Sánchez’ un vuelco ideológico profundo, será difícil de revertir a corto plazo ya que los miembros de la misma lo son hasta su jubilación, que se puede extender hasta los 72 años. De facto, esta nueva facultad atribuida a la Junta provocaría que en el futuro un fiscal general designado por el Partido Popular tenga las manos atadas sobre cuestiones de especial sensibilidad porque entre Delgado y García Ortiz designaron ya en torno a dos tercios de la actual cúpula fiscal.
Dentro de la carrera fiscal se ha criticado el momento, por inoportuno, que el Ejecutivo ha elegido para aprobar esta reforma, cuando por primera vez en democracia, el fiscal general del Estado se encuentra imputado en la Sala Segunda; con el subsiguiente descrédito que está sufriendo la institución debido a la subordinación de García Ortiz al Gobierno de Sánchez.
