Publicado: junio 28, 2025, 6:07 pm
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido la nulidad de la apertura del juicio oral sobre la causa abierta contra él, David Sánchez Pérez-Castejón y otros nueve altos cargos por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
Todos ellos están procesados por la juez Beatriz Biedma por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, aunque hay algunos recursos aún por resolver, entre ellos el de la Fiscalía, que ha pedido el archivo de la causa.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, el abogado de Gallardo plantea un incidente de nulidad del auto del 22 de mayo de 2025, donde la juez decretó la apertura de juicio oral al día siguiente que Gallardo consiguiera de forma exprés su credencial de diputado para ser aforado.
Según la defensa de Gallardo, el auto de Biedma «incurre en infracción de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y a la tutela judicial efectiva en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales».
En este sentido, argumenta que Gallardo fue proclamado diputado electo el 21 de mayo de 2025, por lo que «es claro» que en el momento de dictarse el auto de apertura de juicio el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz «carecía ya de competencia para acordar la apertura de juicio oral» porque ya estaba aforado, aunque la juez consideró, y así lo planteó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que se trataba de un aforamiento en fraude de ley.
Beatriz Biedma considera que «el aforamiento repentino» del líder del PSOE de Extremadura fue una «maniobra» dentro de «un plan previamente concebido y organizado».
El letrado de Gallardo muestra en el escrito su «extrañeza» porque en esa resolución judicial la jueza «emplee conceptos como el de ‘ejemplaridad’ o ‘buen gobernante’ que se reconocen extraídos de la filosofía clásica».
Así, considera que «el señor Gallardo Miranda tendrá o no esas cualidades, pero no es esta la sede en la que tales extremos han de discutirse», señala el abogado. Además, critica a la jueza al subrayar que el sistema constitucional exige a jueces y tribunales «que actúen sometidos al imperio de la ley» por lo que «reflexiones como las citadas resultan harto inapropiadas en una resolución judicial».
En este punto, señala que «la decisión de apertura de juicio oral se ha adoptado sin competencia objetiva para ello y prescindiendo de normas esenciales del procedimiento generador de indefensión».
