Publicado: septiembre 14, 2025, 2:07 pm
El interés de los policías por integrar los Antidisturbios -la Unidad de Intervención Policial (UIP)- ha decrecido hasta dejar al grupo en «mínimos históricos». Sus miembros atribuyen la falta de interés -una conclusión que extraen de los números registrados en la última convocatoria- a un «maltrato» sistemático a las condiciones laborales por parte del Ministerio del Interior. Según los datos que manejan, de una plantilla en cuyo catálogo hay previstos 2.400 efectivos, en la actualidad se contabilizan 1.800. Las unidades que más se han «desangrado» son las de Madrid, Zaragoza y Valencia.
La UIP es un equipo itinerante que acude al punto al que se le necesite -especialmente recodada fue su actuación durante los incidentes del procés en Cataluña- y, por tanto, sus miembros tienen que alojarse y alimentarse en las semanas o los meses que estén fuera de casa. Los obstáculos por parte de la Dirección General de la Policía para asumir estos gastos han generado un tremendo malestar en la plantilla en los últimos meses. Los agentes son los que tienen que adelantar las dietas de su bolsillo. Y, a veces, insisten, «es inviable». La ausencia de fondos que arrastra Interior desde hace meses para cubrir el trabajo de los antidisturbios impidió el despliegue que necesitaba Torre Pacheco para contener la guerra callejera desatada entre grupos ultra y ciudadanos migrantes por la paliza a un hombre de 68 años el pasado julio.
También su presencia en Palma de Mallorca quedó comprometida. Los agentes fueron alertados por el propietario del hotel en el que se alojaban de que ya no tenían más noches pagadas, con lo que los policías tuvieron que marcharse. Un hotelero acogió a algunos de ellos a la espera de que el Ministerio les abonara el dinero correspondiente.
Esta circunstancia, unida a la crudeza de su trabajo, «está espantando» a los aspirantes de un destino que antes del año 2017 concitaba un gran interés. Las cifras lo prueban: en la convocatoria de este 2025 se han ofertado 400 plazas y ha habido 600 solicitudes. El siguiente ejercicio para comparar se remonta a 2023, puesto que en los últimos dos años no ha habido convocatoria. Ése año salieron 200 plazas y el número de instancias fue de 800.
«La de este año es la convocatoria menos solicitada de la historia y, sin duda, es por todas los problemas que tenemos para llevar a cabo nuestro trabajo», dice Hugo del Prado, policía Antidisturbios y delegado del sindicato Jupol.
También señala otra particularidad en la UIP: se convierte en destino de los policías que quieren escapar de Cataluña -aseguran que el independentismo les complica la vida y las de sus familias-, Baleares -debido al alto nivel de vida- y Algeciras, donde huyen de la institucionalización del narcotráfico y de la «persecución» a sus familias. Pasar tres años en Antidisturbios faculta para solicitar un cambio de destino. De ahí que se registren «fugas» dentro de los grupos. «En cuanto se cumplen estos tres años hay un abandono inmediato de la unidad. Lejos de ser un destino vocacional y estable, la UIP se está convirtiendo en un puente hacia otros destinos, con un nivel de rotación alarmante».
«El abandono del Ministerio del Interior está llevando a la UIP a una situación límite. Los agentes ya no quieren entrar en la unidad porque saben que van a perder dinero, a renunciar a su conciliación y a trabajar en condiciones que no se corresponden con la importancia y el nivel de exigencia de la UIP», insiste Del Prado.
Desde Jupol exigieron al Gobierno y a la Dirección General de la Policía que actúen de «forma inmediata» con medidas concretas: actualización de los complementos, revisión de la jornada laboral y de descansos, compensación adecuada por los continuos desplazamientos, reconocimiento real de la conciliación familiar y una apuesta firme por dotar a la UIP de los recursos humanos necesarios.
«La UIP ha dejado de ser una opción atractiva para los policías, no por falta de vocación, sino por unas condiciones laborales y retributivas completamente desfasadas y precarias. El complemento de dietas continúa sin actualizarse, la jornada laboral permanece congelada desde 2015, las cargas de trabajo son desproporcionadas, la conciliación es inexistente y, en muchos casos, los agentes pierden poder adquisitivo por permanecer aquí», zanja.
