Publicado: febrero 26, 2025, 9:07 am
El servicio de estudios de Fedea, experto en financiación autonómica, descalifica la quita organizada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesus Montero, y sostiene que favorece a Cataluña de una manera desproporcionada con respecto a las comunidades autónomas realmente infrafinanciadas. Calcula que otorga a Cataluña «un 87% más» de lo que, en su opinión, le correspondería si se repartiera la condonación con un «criterio lógico».
Según una nota publicada este miércoles por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, «la propuesta ha de ser valorada muy negativamente por dos razones fundamentales que tienen que ver con su previsible impacto negativo sobre los incentivos de las comunidades autónomas para mantener una mínima disciplina fiscal y con el muy discutible reparto territorial de las ayudas».
A su juicio, «la condonación incondicionada de deuda que el Ministerio propone es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica de régimen común». Sostiene que «cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal».
Cuestiona además que no vaya enmarcada la operación en una reforma general del sistema de financiación, que es algo que defiende también la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.
Por otra parte, «la distribución de las quitas entre comunidades que se pretende establecer es muy cuestionable con criterios tanto de equidad como de eficiencia». A su juicio, «el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación (relativa a la media por habitante ajustado) que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación». Y «cualquier intento de afinar el cálculo utilizando la acumulación observada de deuda en cada territorio como indicador de reparto plantearía serios riesgos de introducir penalizaciones a la buena gestión«.
Sin embargo, «en el reparto se introducen también otras correcciones que favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso».
Según sus cálculos, «la propuesta del Gobierno favorece especialmente a Cataluña, que recibe un 87% más y perjudica claramente a Valencia, Murcia y Andalucía, que reciben entre un 15 y un 40% menos» que lo que él considera que sería «el criterio lógico» de ayudar a las más infrafinanciadas.
También incide en que Montero ha buscado una metodología que penaliza a Madrid, de un modo que, por apenas unas centésimas en el baremo utilizado por Hacienda, la comunidad pierde más de 5.000 millones de quita.
