Publicado: mayo 26, 2025, 8:07 am
Las familias de los guardias civiles asesinados por el conductor de una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024 se han rendido con el Ministerio del Interior. Ante el silencio institucional y el recrudecimiento de la lucha desigual contra las grandes familias de la droga del Estrecho de Gibraltar, miran a Europa como única solución. Denuncian «inacción política» 15 meses después de que se produjera el suceso en una carta dirigida al Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO. La misiva sirve como punto de partida a la investigación de la Comisión de Peticiones del órgano comunitario que hoy se desplaza hasta Barbate para trabajar sobre el terreno.
Esta visita nació con una fuerte oposición por parte del PSOE que, según fuentes comunitarias y policiales, votó en contra de que se produjera y de que, en caso de aprobarse (como finalmente sucedió), hubiera encuentro con las familias. Fue a finales de 2024 pero, al quedar en minoría, la investigación siguió su recorrido y culmina esta semana en Barbate, Algeciras y Sevilla. La carta de la viuda, la madre y la hermana de uno de los agentes fallecidos, David Pérez, censura duramente que la situación no se haya reconducido. «No sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado de manera significativa».
La delegación oficial de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo llega hoy mismo a Barbate y evaluará la áspera situación que se vive en el Estrecho de Gibraltar que se lleva denunciando ampliamente desde hace años.
Denuncian la fortaleza del narco 15 meses después
«No han llegado recursos personales y los medios materiales siguen siendo insuficientes», recoge la carta a los eurodiputados para ponerles sobre aviso de lo que será el contenido de la reunión que se producirá esta tarde. Destacan los incidentes que han continuado registrándose en la zona y la fortaleza del narco frente a la merma de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Es importante destacar que los compañeros de David y Miguel Ángel que están en otros destinos nos trasladan que antes del asesinato ya realizaron operativos de alto riesgo sin los medios adecuados y que todas las semanas los siguen realizando arriesgando sus vidas como demuestra la estadística (desde la fatídica fecha han ocurrido varios accidentes con muertes y heridos al realizar intervenciones, operaciones y otros servicios contra el narcotráfico)», advierten.
«Realizan operativos de alto riesgo sin medios adecuados»
Tampoco fue fácil, resaltan las mismas fuentes, conseguir una visita de los eurodiputados a la base del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en el puerto de Algeciras para que «inspeccionaran la lancha» en la que murieron los agentes tras ser embestidos. Allí ha permanecido estos 15 meses «pese a las peticiones por parte de los compañeros de que se retirara para que no vieran todos los días los restos de sangre de aquella noche», indican. Tres días antes de que llegue la delegación, se ha recogido. «Esta decisión se ha tomado después de que se conociera la agenda de los eurodiputados y con una clara intención de que no la vean para que no la incluyan en su investigación».
El objetivo de la misión es recabar testimonios, conocer las condiciones reales del trabajo policial en zonas de alta criminalidad, y evaluar la posible acción legislativa europea para proteger a quienes garantizan la seguridad pública en el conjunto de la Unión. Esta visita parte de la iniciativa de una petición presentada por la Confederación Española de Policía (CEP), que denunciaba la falta de protección jurídica y laboral a los agentes y reclamaba que las agresiones a policías sean reconocidas como «eurodelito». Fue a finales de 2023. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó tramitarla por vía de urgencia. La iniciativa coincide, además, con el compromiso de Europa de estudiar la posibilidad de declarar el trabajo policial como profesión de riesgo en toda la Unión Europea, propuesta por el Partido Popular.
La visita está encabezada por el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Bogdan Rzoca (ECR, coalición en la que se integra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni). La representación española incluye al ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido y a la eurodiputada Maravillas Abadía, ambos del PP; Mireia Borrás Pabón, de Vox; y Nora Junco, eurodiputada díscola de Alvise Pérez. También participan Alexander Bernhuber (Partido Popular Europeo) o la portuguesa Isilda Gomes (Socialistas y Demócratas).
