Publicado: mayo 1, 2025, 1:07 am
La Ley de la Acción del Servicio Exterior del Estado concede mucho peso a las familias de aquellos funcionarios que deciden expatriarse para representar a España. No es para menos: ellos cambian su vida por servir al país, pero llevan detrás cónyuges e hijos a los que hay que proteger. Es por ello que la norma dedica un capítulo entero a las familias, a las que cita 23 veces. Pero lo que pone blanco sobre negro parece no ser suficiente para los acompañantes de los miembros de la carrera diplomática. «Los cónyuges nos vemos obligados a asumir que no podremos desarrollar nuestra carrera laboral, pues lo ponen muy difícil», lamenta una persona que lleva varias décadas siguiendo a su pareja por el mundo.
Diez años después de la aprobación de la ley, la Asociación de Familias de Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior (AFD) alza la voz y envía una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lamentando la situación en la que se encuentran. Se trata de un extenso documento de análisis de nueve páginas en el que la Asociación afirma que los cónyuges de los diplomáticos están condenados «a la vulnerabilidad y la indefensión absoluta».
En un Ministerio donde uno de los lemas es que hay que potenciar una «política exterior feminista», la AFD sostiene que el 71,7% de los cónyuges y parejas de hecho son mujeres, «que durante generaciones sufrieron silenciosamente esa falta de apoyo del Estado y aceptaron con resignación su dependencia absoluta al funcionario, sin por supuesto poder ser libres en cuanto a decisiones como la separación o el divorcio. Hoy en día esta situación resulta inaceptable», recuerdan a Albares, que presume de dos hechos indiscutibles: que ha sido el primer ministro que ha puesto a mujeres al frente de delegaciones tan importantes como Pekín y Washington, y que desde que está en el cargo aprueban más mujeres que hombres la oposición.
El problema es quién acompaña al diplomático en misión exterior. Según los datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, «sólo un 18% de los cónyuges de diplomáticos españoles consigue mantener algún tipo de actividad profesional durante las misiones en el extranjero, frente al 72% en Suecia, 65% en Alemania y 61% en Francia». Además, de acuerdo con un estudio de 2022 de la AFD, el 84% de los cónyuges y parejas de hecho experimentan interrupciones laborales de más de cinco años, lo que dificulta su reincorporación laboral posterior en España y la casi nula posibilidad de obtener una pensión al momento de jubilar. Un último dato que retrata la situación, con información de este 2025: sólo el 40% de parejas de diplomáticos están afiliados a la seguridad social.
En la citada ley, el artículo 59 del apoyo a las familias se compromete a establecer «las condiciones para que los familiares puedan acompañar a los funcionarios destinados al exterior», a percibir ayudas «destinadas a proporcionar a sus hijos en edad escolar una educación de calidad comparable a la del sistema público español» y a «que se les facilite el acceso a una cobertura sanitaria similar» a la española. Todo esto se cumple, el problema llega con la promesa de proporcionar «posibilidades de trabajo para los cónyuges y parejas de hecho».
«Los poderes públicos han incumplido los mandatos decretados por la ley», señala la AFD, que también lamenta que «los cónyuges son prácticamente invisibles para la administración, sin ningún tipo de respaldo o solución a su precaria situación». Según denuncian, sólo tratan de encontrarles trabajo a aquellos cónyuges que también tienen plaza en la Administración, no a los que no son funcionarios. Y si ellos buscan desarrollar su actividad laboral en el país en el que viven, pierden tanto el derecho a seguro médico como al pasaporte diplomático. La AFD propone medidas que se toman en otros países. Según explican, Francia, Italia, Portugal, Suiza o Reino Unido «han implementado la posibilidad de que el cónyuge o pareja de hecho pueda cotizar voluntariamente a la seguridad social».
Van más allá: «En el caso de Portugal o Suecia, el Ministerio de Exteriores se hace cargo de pagar las cotizaciones a efectos de pensiones de los cónyuges desplazados». En Alemania, la normativa contempla expresamente que se facilite que el cónyuge pueda ejercer su profesión desde el extranjero. También Alemania y otros países de Europa, incluso Estados Unidos, buscan que «los cónyuges tengan preferencia para ocupar puestos vacantes en Embajadas», algo que no sucede en España, donde las parejas están resignadas a dejar de trabajar.
Y los diplomáticos reclaman la aprobación de un reglamento
La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) volvió a reprochar al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la falta de un nuevo reglamento de la Carrera Diplomática, denunciando que como consecuencia de ello aún se sigue aplicando parcialmente regulación que se remonta al año de 1955 bajo el régimen franquista. En una carta en la que el presidente de la ADE, Alberto Virella, felicitó a su homólogo portugués por conseguir aprobar un reglamento, que tanto piden en España, el diplomático se queja de que en España «a día de hoy sigue vigente una regulación de 1955, es decir, de la época en la que sendos países sufrían una dictadura», lamenta. Según informa la ADE en su carta, han recibido «con alegría» las conquistas «profesionales, sociales y, también, respecto a la unidad familiar que quedan reflejadas, muchas de ellas sitúan a la carrera diplomática española más próxima al trato que recibe la gran mayoría de los servicios diplomáticos de los demás países de nuestro entorno y, en particular, de la Unión europea, incluido el Servicio Europeo de Acción exterior, que todos contribuimos a sufragar», reflexiona la misiva.
Entre los logros que enumera la carta de Virella, hay algunos que forman parte de las reclamaciones de la Asociación de Familias de Diplomáticos como que «el Estado asuma la responsabilidad de que el derecho a la educación de los hijos de los funcionarios diplomáticos sea efectivo» y «el pago de los billetes anuales» tanto para los miembros del cuerpo diplomático como para sus familiares dependientes, para que al menos una vez al año el Estado costee el viaje.
