Publicado: julio 23, 2025, 4:07 am
La llegada a la Generalitat Valenciana en 2015 del socialista Ximo Puig abrió una ventana de oportunidad para su hermano Francis Puig. El empresario audiovisual de Castellón, que ya fue condenado por montar un «cártel» con sus socios para hacerse con un concurso de la radiotelevisión pública, se aprovechó también del interés del nuevo ejecutivo de izquierdas por impulsar el valenciano en los medios de comunicación. Lo hizo, sin embargo, valiéndose presuntamente de empresas ficticias, facturas duplicadas o simulación de gastos empresariales para poder cobrar todo tipo de subvenciones públicas para el fomento de la lengua. No sólo de la Generalitat Valenciana, sino también de la Generalitat de Cataluña.
Es la principal conclusión de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita una pena de prisión de cuatro años para Francis Puig por los delitos de falsedad documental y estafa. Para su socio, el también empresario Juan Enrique Adell Bover, pide una condena de tres años de cárcel. Ahora bien, si en un primer momento se apuntó a un presunto fraude de subvenciones, este primer delito ha quedado descartado definitivamente al no alcanzarse la cantidad mínima de los 120.000 euros defraudados.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el hermano del ex presidente valenciano -hoy embajador de España ante la OCDE– intentó «beneficiarse económicamente» del cobro de ayudas públicas como administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. ¿Cómo? «Obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido», para lo cual «simuló gastos empresariales utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor», sostiene la Fiscalía.
En su escrito, de hecho, desgrana cómo Francis Puig utilizó el entramado empresarial para falsear gastos y cobrar subvenciones de manera irregular entre 2015 y 2019, esto es, durante la primera legislatura del gobierno de Ximo Puig. Es más, la Fiscalía considera directamente a la firma de Francis Puig, Mas Mut Produccions, una «empresa ficticia».
Y ello porque, por ejemplo, Comunicacions dels Ports aportaba facturas de Ricardo Querol por trabajos de impresión «sabiendo que Ricardo Querol era secretario de Comunicacions dels Ports y administrador de Mas Mut Produccions». Sólo en 2015 se hallaron facturas expedidas en la misma fecha, facturas cuyos precios no se correspondían con los trabajos realizados o facturas que habían sido pagadas en el año anterior al que se formalizaba la solicitud de subvención. La propia Intervención de la Generalitat Valenciana señaló estas facturas como «no subvencionables», al igual que las facturas de Joaquín Puig, padre de Francis Puig. En este caso, eran facturas genéricas en concepto de alquiler, pero de un almacén agrícola que nada tenía que ver con la actividad de Comunicacions dels Ports.
En cuanto a las facturas de Mas Mut, la Fiscalía considera que se trataba de una operación de «autofacturación», en la medida en que es «una empresa vinculada, creada en 2004, cuyo socio principal es Comunicacions dels Ports SA y coinciden también los administradores». Incluso «se duda» de que los contenidos con los que se pretendía cobrar una subvención hayan sido producidos por esta empresa: «En la mayoría aparece el micrófono con el logotipo Terres de l’Ebre. En ninguna de las crónicas se observan logotipos correspondientes a Mas Mut o Comunicacions dels Ports, ni en los faldones de las imágenes, ni en micrófonos, ni insertados en las imágenes».
Pero Comunicacions dels Ports aportaba también facturas «duplicadas» que, según la Fiscalía, «han podido ser ‘creadas’ para obtener una subvención mayor». A ello se suman las facturas «cruzadas» con las sociedades administradas por Adell Bover, como Canal Maestrat y Kriol. En total, la cantidad defraudada asciende a 110.691,97 euros.
