Publicado: septiembre 27, 2025, 8:07 am
Sábado por la tarde. Momento propicio para hacer planes. O que te los hagan. Al Gobierno se los han hecho. En concreto, el juez Juan Carlos Peinado, que ha citado por quinta vez a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, después de comunicarle que la parte de la causa en la que la investiga por presunta malversación, en caso de llegar a juicio, se dirimirá ante un jurado popular. El enfado y malestar en el PSOE con la investigación del magistrado está en lo más alto de la escala. También resignación por ver como cada vez que hay una cita importante del partido o el Gobierno hay un pronunciamiento judicial que lo opaca. «Cuesta creer en las casualidades», dicen fuentes socialistas al más alto nivel. «Está claro que hay una politización del caso de Begoña. Hay una intencionalidad de hacer daño al presidente a través de su mujer. Intentan derrocarlo a través de su familia».
«Las casualidades no existen», repiten cargos socialistas y gubernamentales cuando miran el calendario de Sánchez y el de las decisiones judiciales. En este mes de septiembre, por ejemplo, el día 3 el jefe del Ejecutivo viajó al Reino Unido y compareció junto a su primer ministro, Keir Starmer. Ese día, Peinado exigió a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que los investigue la UCO. El miércoles 10, sesión de control, cara a cara Sánchez-Feijóo. Es el día fijado para que Begoña Gómez comparezca en los juzgados. Esta semana, Sánchez participa en la Asamblea de la ONU y el miércoles 24 tenía previsto comparecer ante los medios. Horas antes, el juez comunica que si llega a juicio, Gómez será juzgada por un jurado popular.
«Hay una raíz y un problema. Un drama, más bien. Determinadas personas han respondido a la llamada del líder espiritual de la derecha, José María Aznar. El famoso ‘el que pueda hacer que haga’ y aparecen personas como Peinado, que tiene una causa, una misión», es el resumen de las fuentes socialistas consultadas por este diario. «Y en esa estrategia de destrucción del presidente se suma la derecha política y mediática». En Moncloa y en Ferraz están convencidos de una teoría que ya expresó Sánchez hace unos meses: que existe una connivencia entre algunos jueces y el PP. Que hay una «campaña» por parte de algunos magistrados y la oposición contra ellos, y que tienen la «sensación» de que los populares «juegan con las cartas marcadas».
Nadie pronuncia públicamente y de manera explícita la palabra prevaricación, pero la crítica y las declaraciones que hacen conducen a un camino que se parece mucho a esa definición. «Es una estrategia sincronizada. Como hay en cosas que no nos pueden llevar la contraria políticamente hablando, nos obligan a hablar de basura». Sostienen que denuncias como las de Manos Limpias o Hazte Oír «se desestimaban».
La lectura que hacen, por ejemplo, de la investigación judicial a la mujer del presidente del Gobierno es la siguiente: «Un comportamiento propio de los movimientos de ultraderecha es crear miedo en la sociedad. Propiciar que se vea que la disidencia no está tolerada. La judicatura no es ajena a esa realidad y la más conservadora y cercana al PP también tiene la sensación de que si se mueven no salen en la foto y contribuyen a la causa».
El planteamiento que hacen los socialistas es que la buena marcha de la economía, los datos de creación de empleo, de inversión extranjera, la visión mayoritaria en el mundo sobre el «genocidio» en Gaza «les impide hacernos oposición política. Tiene el aspecto social, las bajadas de impuestos, que tiene una carga ideológica importante, pero es difícil convencer a la gente de que hay que bajarles los impuestos a los ricos». Así, la conclusión de los socialistas es que se ha construido una «estrategia populista para destruir y derrocar al enemigo», en la que están «implicados distintos estamentos de la sociedad».
Los socialistas, cuando se les pregunta, aclaran que no hablan de todos los jueces. «La gran mayoría de jueces de este país cuenta con todo el respeto y respaldo». Pero sí señalan a una minoría. Incluso distinguen entre la actuación de Peinado y la de la jueza Beatriz Biedma, dispuesta a mandar al banquillo al hermano de Pedro Sánchez. «Aunque creamos que no hay nada, no ha cruzado las líneas que ha cruzado Peinado».
Gómez está citada hoy por la tarde, en lo que fuentes socialistas califican de «chirigotada». También están citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a partir de las 18:00 horas, para un trámite exigido en la ley en los procedimientos del jurado y que consiste, en esencia, en concretar la imputación en su contra y determinar el futuro de la causa.
En el seno del Ejecutivo daban por hecho que la citación a esa hora suponía una convocatoria implícita para una movilización. Hazte Oír convocó ya ayer.
En el malestar instalado en el Gobierno y el PSOE hay una cuestión que levanta ampollas: que el Poder Judicial no se haya pronunciado y, por ejemplo, sí lo hiciera sobre la amnistía incluso antes de que se conociera el texto. «El CGPJ debería haber actuado hace tiempo», sostienen altas esferas socialistas. «Y las asociaciones de jueces».
