Publicado: octubre 7, 2025, 1:07 am
El Tribunal de Cuentas lleva cuatro años pidiendo sin éxito al Gobierno un cambio legal para limitar el uso de efectivo en los partidos políticos, según indican a este diario fuentes de la institución.
El organismo fiscalizador aprobó una moción inusual sobre financiación de los partidos que incluía en 2021 esta petición y también otra que restringe una fórmula financiera que exprime el PSOE, los microcréditos, y lo ha reiterado después en diversos informes sin ningún éxito hasta la fecha.
De hecho, en el primer debate parlamentario en que se iba a tratar la moción, el 28 de febrero de 2022, el entonces presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, promovió su retirada. «Con carácter previo, someto a votación la propuesta de excluir el punto 22º del orden del día de la presente sesión, que se refiere a la moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas», planteó Cerdán. El motivo que alegó es que se estaba estudiando en parte el tema en una subcomisión parlamentaria.
Finalmente, lo llevó a debate nueve meses después sin que ni el PSOE ni el Gobierno promovieran después iniciativa alguna legislativa para modificar en este punto la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
La moción incidía sobre todo en la posibilidad legal de los partidos de recibir donaciones y aportaciones en efectivo, lo que dificulta no sólo su control de entrada, según las fuentes consultadas en el Tribunal, sino movimientos posteriores como el que ha detectado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con pagos en metálico a altos cargos del PSOE.
«La realización de ingresos en efectivo puede dar lugar a que no sea posible garantizar que los mismos se hayan realizado con todos los requisitos exigidos por la normativa o a que pueda verse afectada la debida trazabilidad respecto del origen de los fondos (…) Por ello, se considera conveniente que la realización de este tipo de ingresos sea muy limitada y que exija la correspondiente documentación que justifique adecuadamente, atendiendo a cada caso, el origen de los fondos», recomienda el Tribunal de Cuentas, que no detectó nunca en sus informes fiscalizadores las actividades de Luis Bárcenas en el PP y tampoco los pagos descubiertos por la UCO en 2019 en Ferraz.
La dirigente del PP, Cuca Gamarra, preguntó precisamente este lunes «dónde están los extractos de cuentas bancarias que pueden justificar el origen del dinero en efectivo que el informe de la UCO ha puesto encima de la mesa».
La iniciativa del Tribunal de Cuentas se produjo en el mismo año 2021 que el propio Ministerio de Hacienda impulsaba un endurecimiento de la ley antiblanqueo bajando a mil euros el tope de uso de efectivo entre empresas y profesionales.
Sin embargo, no modificó al tiempo la citada Ley de Financiación de Partidos Políticos que permite donaciones en metálico de hasta 50.000 euros por persona y año.
Cuando Cerdán introdujo finalmente en el orden del día la moción del Tribunal de Cuentas en noviembre de 2022 -casi año y medio después de su envío a Las Cortes por parte de este organismo fiscalizador-, la presidenta, Enriqueta Chicano, explicó la importancia de modernizar la normativa, porque «ni los propios partidos tienen muchos sistemas para justificar según qué cosas».
Chicano, nombrada a propuesta del PSOE, suscribió la moción de 2021 como el resto del Tribunal de Cuentas e incidió en que la mayoría de ingresos de los partidos es dinero público -por tanto rastreable- pero pidió medidas también con el privado «para que ese tema en concreto no tenga tanta controversia y haya tanta desconfianza con el tema de la utilización de los fondos por parte de los partidos políticos, ni públicos ni privados».
Tras predicar en el desierto, el Tribunal de Cuentas recordó su petición en el informe sobre contabilidad de partidos políticos que publicó el pasado año. Y añadió que los bancos tengan también obligación de vigilar las cuentas de los partidos políticos en la ley antiblanqueo. «Convendría incluir a los partidos políticos con representación parlamentaria estatal o autonómica entre los sujetos respecto a los que habría que aplicar medidas reforzadas de diligencia debida, tal y como establece el artículo 14» de la mencionada ley.
La moción incluye también cambios legales con respecto a una práctica de financiación alegal que utiliza el PSOE con profusión, los llamados microcréditos o crowfunding. El partido ha recaudado ya más de 20 millones por esta fórmula, una plusmarca en España, sin que esté regulada como otras vías tradicionales, según el Tribunal de Cuentas. Ve riesgos de que se produzcan donaciones encubiertas de empresas o que participen personas prohibidas en la ley de financiación. El Gobierno tampoco ha promovido reformas que regulen esta creciente vía de ingresos.
