Publicado: marzo 3, 2025, 3:07 am
En la recta final del primer trimestre del año, camino ya del ecuador de la legislatura, los pilares clave del mandato del Gobierno siguen en el alero. El proyecto de Presupuestos para 2025 ni está ni se le espera; el modelo de financiación autonómica está caducado desde hace años y no hay plan para reformarlo y la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado que regule la inmigración sigue estancada.
Pedro Sánchez no cuenta con los votos necesarios para abrir estas carpetas con garantías de éxito. Los tres dosieres quedan a expensas de las negociaciones con el independentismo, las exigencias que plantea la complicada coyuntura internacional y la falta de acuerdo dentro del Gobierno y con el primer partido de la oposición.
El Congreso ve correr el tiempo trabajando a medio gas con escasa actividad legislativa mientras el país vive con unas cuentas prorrogadas; las comunidades capean precariamente el coste de los servicios públicos y territorios como Canarias o Ceuta afrontan sin visos de solución un problema migratorio que les sobrepasa.
Nadie apuesta ya por tramitar las cuentas de 2025. La Cámara tumbó en julio, con 178 votos frente a 171, los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Frenó frenó así el primer paso para aprobar los Presupuestos de este ejercicio.
Desde entonces, el Ejecutivo no ha remitido al Congreso una nueva propuesta y en los grupos crece el convencimiento de que por segunda vez consecutiva el Gobierno incumplirá su obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos Generales para el año en curso.
En el Parlamento se señala la inutilidad de emprender a estar alturas la tramitación de unas cuentas para este ejercicio cuando ni siquiera se ha enviado a la Cámara el techo de gasto. Apuntan que, aun cuando el Gobierno iniciara ahora el procedimiento y este transcurriera sin obstáculos y por vía de urgencia, los Presupuestos verían la luz coincidiendo ya con la necesidad de iniciar la tramitación de los de 2026. De hecho, los ministros han pasado de asegurar que se aprobarían «en tiempo y forma», a afirmar que estarían listos a principios de año para, finalmente, rebajar expectativas señalando que la «intención» es presentarlos. El tiempo le ha comido ya el terreno al deseo.
Tampoco ha prosperado -ni siquiera se ha perfilado- la reforma de la financiación autonómica. El actual modelo data de hace 15 años y es claramente insuficiente. Ha sobrevivido a la crisis financiera, a la de la pandemia y a la inflacionaria con parches que han petrificado la asimetría territorial. Ahora, el Ejecutivo intenta aplicarle un parche más, forzado por la presión del secesionismo catalán que reclama la condonación de su deuda -la más elevada en términos absolutos y con el Estado- como paso previo a su salida del régimen común con la financiación singular.
El Gobierno ha ofrecido ampliar a todas las autonomías la condonación, al margen de que el origen de su deuda sea la ineficacia de la gestión, el gasto descontrolado o la insuficiencia de recursos aportados por el Estado. El ejemplo de este último problema es el de la Comunidad Valenciana, una de las históricamente peor financiadas. Para la mayor parte de las CCAA la prioridad pasa por reformar el sistema de financiación, un proceso complejo que el Gobierno, con sus inestables apoyos, no está en disposición de abordar.
Tampoco encuentra cauce el pacto de Estado de inmigración. De un lado se trata de satisfacer de manera «ordenada» la llegada de personas que contribuyan a sostener el Estado del bienestar al tiempo que se garantizan los derechos humanos. El primer escollo se plantea con la saturación de inmigrantes menores de edad en Canarias y Ceuta. El Ejecutivo trata de solucionarlo con un reparto entre CCAA pero ni los criterios de distribución ni la ausencia de una estrategia que evite la reproducción del problema facilitan un acuerdo que, además, se envenena con la pretendida cesión «integral» de competencias migratorias a Cataluña.
El Gobierno negocia con Junts la fórmula que permita «delegar» una política que es exclusiva del Estado ofreciendo «compartir» el control de fronteras y la emisión de documentos de identificación. Dicen que el acuerdo está cerca pero aún no se ha cerrado. Un pacto con Junts, siempre y cuando Puigdemont vislumbre su amnistía en torno al verano gracias al Constitucional, fortalecería el apoyo que necesita Sánchez para impulsar la legislatura, pero no solventaría el problema de fondo: el pacto de Estado sobre inmigración requiere del consenso PSOE–PP.
