Publicado: julio 16, 2025, 4:07 am
Las menciones al Tribunal Constitucional no llegaron solo de quienes ayer pretendían que su sentencia favorable a la Ley de Amnistía sea la que prevalezca en un asunto de «competencia nacional». Lo dijeron los demandados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno. Pero también exhibió la reciente sentencia el vicepresidente del Tribunal de Justicia de la UE y ponente de la sentencia sobre la amnistía.
El alemán Thomas von Danwitz se mostró preocupado. Había leído la sentencia del Constitucional y había un apartado que le hacía pensar que se estaba limitando la posibilidad de que un juez nacional pudiese llevar sus dudas al TJUE si el Constitucional ya se había pronunciado antes sobre la materia. «Quisiera que disipe mis temores y me diga que diga que no puede hacerse esta lectura de la sentencia» dijo el magistrado mirando a la abogada del Estado, Andrea Gavela.
«Consideramos que esa lectura no es la que se extrae de la sentencia. Nada impediría al juez, si tuviera dudas, plantear la cuestión de inconstitucionalidad», dijo la representante del Gobierno, que pese al arranque claro en la respuesta luego se enredó hablando de controles concretos y abstractos. Hasta el punto de que terció, en español, el presidente del tribunal. «Para ser seguro: ¿el juez ordinario puede presentar la prejudicial tanto antes como después de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Es verdad o no?», preguntó Koen Lenaerts. Y repreguntó: «¿Afirmativo?». «Sí».
Las preguntas del Tribunal de Luxemburgo llegaban la misma mañana en que la Audiencia de Sevilla acordaba llevar ante el Tribunal de la UE su situación en el caso de los ERE, en el que tiene que volver a sentenciar después de que el TC revisara el caso y anulara algunas condenas. Tras la primera pista de que la Audiencia Provincial planeaba llevar el asunto al TJUE, Conde-Pumpido puso en marcha una maniobra en la que se vislumbraba que su intención era sostener que, una vez pasado el filtro del TC, no se podía llevar el caso a Europa. El poco sustento de esa tesis hizo que pronto desistiera de la maniobra. Han sido numerosas las ocasiones en que el TJUE ha expresado con rotundidad que no debe haber limitaciones a que los jueces nacionales le consulten. Las preguntas de ayer del tribunal han sido el último ejemplo.
Hasta ese momento y durante el resto de la jornada, las referencias a la decisión del Constitucional ante la Gran Sala habían provenido de la abogada del Estado, del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y las defensas de los demandados. La convergencia entre todos llevó a uno de los abogados, Gonzalo Boye -también letrado de Carles Puigdemont– a felicitarse de que, frente a lo que había sido habitual, esta vez iban «de la mano». «Hoy la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los afectados venimos de la mano defendiendo lo mismo», afirmó, tras defender que no se habían gastado fondos de la UE en el procés y que no existía autoamnistía, «sino convivencia entre dos pueblos enfrentados».
