Publicado: septiembre 23, 2025, 2:07 pm
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado este martes un auto en el que desglosa en dos la investigación que sigue contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otras personas por diferentes delitos. Así, en la causa inicial, cuya instrucción destaca que está muy adelantada, se mantendrá lo relativo a las irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas entre otros asuntos, mientras que en la pieza separada que ahora se abre se incluye todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas, que se encuentra en fase incipiente.
EL MUNDO informó la semana pasada que el instructor del caso Koldo iba a dividir la causa con la intención de enviar al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos «este mismo otoño» al banquillo de los acusados.
El auto, notificado hoy, explica que en la nueva pieza separada, relativa a los amaños de obra civil, ostentarán la condición de investigados José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García, al presunto conseguidor Víctor de Aldama y a los empresarios de la construcción José Ruz, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y Joseba Antxon Alonso.
En este grupo de conductas aparentemente delictivas quedarán incluidas todas las que se vinculan con la indebida adjudicación de obra pública a cambio de precio, señala el auto.
El magistrado Puente indica que «es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de la mercantil Acciona Construcción, en UTE con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión del Sr. Cerdán León (y en las que nada habría tenido que ver, hasta donde en este momento permite conocer la investigación, el Sr. de Aldama Delgado …); de aquellas otras, de menor entidad económica, que se promovían paralelamente bajo el control o impulso de los Sres. de Aldama Delgado, Ábalos Meco y García Izaguirre (y en las que nada habría tenido que ver, hasta donde en este momento permite conocer la investigación, el Sr. Cerdán León, …).
El instructor desglosa esa parte del resto de la causa, cuya instrucción está muy adelantada, en la que se investigan todos los hechos ajenos a la adjudicación de obra pública, como son los consistentes indicios que permiten considerar que Ábalos, actuando en connivencia con su asesor Koldo y Almada, habría favorecido la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, sendos contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del Covid-19, obteniendo los dos primeros las correspondientes e indebidas prestaciones económicas y beneficiándose el último de la comisión correspondiente.
Dentro de esa misma parte de la investigación, se incluiría lo referido a que Koldo García, con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que Aldama o las empresas cuyos intereses éste favorecía, pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio Ministerio.
«Así -añade el auto—la publicación de la nota de prensa, avalando la próxima financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitar la licencia de operador de hidrocarburos que perseguían; o las que determinaron la reunión que Aldama sostuvo con don Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, reunión que tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del Sr. de Aldama».
Puente indica también que en este primer grupo de hechos aparentemente delictivos se incluirían también «la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, doña Jessica Rodríguez García y doña Claudia Montes Martínez, siendo, además, que, por lo que respecta a la primera de ellas, vino percibiendo los correspondientes salarios sin desempeñar ocupación efectiva alguna».
La resolución indica que en esta parte de la causa ostentan únicamente la condición de investigados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.
El juez resume que «el objeto de la presente causa especial ha llegado a un estado en el que (…) es posible identificar hasta dos grandes grupos de conductas eventualmente constitutivas de sendos ilícitos penales. Y estos grupos se definen por su relación o desconexión con el ámbito de las indebidas adjudicaciones de obra pública en el marco del Ministerio de Transportes durante el período de tiempo en el cual don José Luis Ábalos Meco ejerció como titular del mismo».
