Publicado: agosto 6, 2025, 2:07 am

Juan Carlos I ha liquidado íntegramente los préstamos que suscribió con un grupo de empresarios para saldar sus deudas tributarias con el Fisco español. Según ha podido saber EL MUNDO, el monarca ha devuelto ya un importe superior a los cuatro millones de euros gracias a los ingresos que ha generado durante los últimos años como residente en Emiratos Árabes.
Tal y como aseguran a este diario fuentes de su entorno, una parte de los mismos se corresponde a la venta de sus derechos para la realización de documentales sobre su vida así como la intermediación en operaciones comerciales. Estas operaciones no pueden ser rastreadas y verificadas por la Agencia Tributaria española al no ser ya residente fiscal en nuestro país.
Cabe recordar que el Rey Emérito hizo frente en febrero de 2021 a una regularización voluntaria ante Hacienda que ascendía exactamente a 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses de demora y recargos. Esta cantidad, la más importante de las que liquidó con la Agencia Tributaria, correspondía a los viajes privados por importe de 8 millones de euros que sufragó a través de la Fundación off shore Zagatka. Esta entidad, constituida en Liechtenstein, estaba capitaneada por su primo Álvaro de Orleans, y ocultó a Hacienda todos los gastos que costeaba, tanto en su etapa en Zarzuela como tras la proclamación de Felipe VI.
Meses antes Don Juan Carlos se vio obligado a realizar otra regularización, esta vez por valor de 680.000 euros, por los regalos que le hizo el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, y que fueron considerados por el Fisco como un incremento patrimonial no justificado.
Sus asesores jurídicos le indicaron que la fórmula para pagar las regularizaciones, toda vez que se le había retirado su asignación oficial, debía ser la firma de préstamos con empresarios de confianza que debían ser devueltos en tiempo y forma para no arrastrar nuevos problemas fiscales.
Entre las fórmulas barajadas en su momento se descartó de inicio la de la donación de los fondos, gravada con un 40% en impuestos, y que podía acarrear nuevos problemas legales con la Agencia Tributaria si se consideraban regalos por razón de su ascendencia. Por tanto, Don Juan Carlos accedió y rubricó los acuerdos de préstamo con una decena de empresarios y aristócratas que pidieron mantenerse en el anonimato.
El ex jefe de Estado se podía enfrentar a un nuevo contratiempo si Hacienda acreditaba que había rubricado préstamos ficticios. Si, como aseguran fuentes de su entorno, ha retribuido íntegramente lo recibido, desaparecería este riesgo. En el pasado, sí se vio involucrado en una operación de estas características cuando regaló a su hija, la Infanta Cristina de Borbón, 1,2 millones para que se comprara, con su entonces marido, Iñaki Urdangarin, un palacete en la lujosa zona de Pedralbes, en Barcelona.
Aquel importe fue desembolsado por el entonces Monarca después de que La Caixa denegara el crédito a su hija y a su yerno por la operación de compra y reforma del inmueble, que ascendía a unos 9 millones. La Infanta Cristina devolvió una pequeña parte a su padre y la Fiscalía llegó a investigar la operación en el caso Nóos. Concluyó que era constitutiva de delito fiscal, pero la acabó declarando prescrita y nunca llegó a requerir el origen del dinero de aquel regalo.
De esta forma, Don Juan Carlos se acogió al artículo 305.4 del Código Penal, que establece que «se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria». No obstante, la regularización fue muy controvertida porque debía llevarse a cabo antes de tener conocimiento de que estaba siendo investigado y la Fiscalía le había notificado unas diligencias de investigación contra él que sus asesores se negaron a recepcionar, provocando que nunca fuera oficialmente informado.
Todavía tuvo un contratiempo fiscal más. Este periódico desveló en junio de 2022 que Hacienda le investigó por el regalo de cacerías y otros obsequios entre 2014 y 2018, es decir, tras su abdicación. Solventó esta cuestión con el pago de una sanción administrativa inferior a los 500.000 euros y adoptó la decisión de trasladar su residencia fiscal fuera de España para dejar de estar bajo el radar del Fisco español. En esa situación continuará. Como informaba EL MUNDO el pasado domingo, el Rey emérito asume que morirá en el extranjero y esa hipótesis, que la gente muere donde viven, barajan todas las partes implicadas.