Publicado: abril 1, 2025, 4:07 am
No es habitual que jueces y fiscales de una y otra sensibilidad ideológica se pongan de acuerdo. Menos aún cuando se trata de reaccionar a las palabras de un ministro. Pero ayer ocurrió. El calificativo de «vergüenza» con el que la vicepresidenta María Jesús Montero se refirió a la sentencia que absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual hizo que todas las asociaciones de jueces y fiscales se unieran para pedir «respeto». «Las resoluciones se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial», reza el comunicado que firmaron las cuatro asociaciones de magistrados y las tres de fiscales.
Tras conocer la respuesta al unísono de los togados, Alberto Núñez Feijóopidió la dimisión de Montero. La reacción es idéntica a la que un día salió de las filas del PSOE cuando quien se sometía a la reprimenda unánime de jueces y fiscales era un dirigente del PP. Dos nombres sientan el precedente: el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex titular de Justicia Rafael Catalá.
Las mismas cuatro asociaciones de jueces que ayer condenaron las palabras de Montero se pronunciaron en febrero de 2016 para pedir a los representantes públicos que se abstuvieran de difundir «veladas insinuaciones sin fundamento» sobre las investigaciones en curso a partidos políticos. Días antes, Fernández Díaz había deslizado: «Es llamativo que los únicos casos que salgan en estos momentos tan sensibles son los que afectan al PP». El entonces portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López -hoy ministro-, exigió la dimisión del popular por aquellas palabras que le costaron el rechazo de la judicatura.
El caso de Catalá guarda aún más semejanza con el de Montero, pues al reproche expresado por los magistrados se sumaron los representantes de los fiscales. El dirigente del PP sugirió que el juez que defendió la absolución en la sentencia de La Manada tenía «algún problema singular» y las siete asociaciones tildaron esta «intromisión» de «temeridad». Pedro Sánchez dijo entonces a Catalá: «Si tiene alguna acusación que hacer sobre el magistrado aclare a qué se refiere. Y, si no, lo mejor es estar callado, asumir la responsabilidad que tiene un miembro del Gobierno y respetar la división de poderes».
Esta vez, las tornas se invierten. Quien exige responsabilidades es el PP y, quien las elude, el PSOE. Las declaraciones de Montero y la polémica suscitada son un asunto incómodo para el Gobierno. Prueba de ello es que los ministros preguntados esquivaron ayer el asunto y se evitó respaldar públicamente sus palabras. En Ferraz, donde tampoco hubo apoyo público, se hicieron esfuerzos por intentar atajar la polémica argumentando que la número dos de Sánchez «se dejó llevar por la impotencia». Eso sí, en la dirección del PSOE se admite que «se puede explicar mejor» la próxima vez.
Frente a las expresiones rotundas de Montero contra el dictamen judicial, ayer había un trabajo por hacer control de daños, mostrando de manera escueta «respeto» por las decisiones judiciales y limitándose a señalar que «queda mucho camino por andar en materia de violencia de género». Eso sí, en La Moncloa respaldan las palabras de la vicepresidenta primera y consideran que no cuestionaba el derecho de la presunción de inocencia. La tibieza del Gobierno en este asunto, tras la polémica generada y el rechazo de jueces y fiscales, contrasta con cómo salió en tromba el ejecutivo a criticar el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá en el caso Errejón, donde incluso el propio Sánchez habló de «falta de empatía» y «mala praxis».
No es la primera vez que desde la judicatura se reprende al unísono al entorno de Sánchez. En enero de este año, todas las asociaciones de magistrados cargaron contra el PSOE por la proposición de ley que registró para limitar la acusación popular. En noviembre de 2023, otro documento firmado por los socialistas, en este caso para facilitar la investidura de Sánchez, también fue objeto de un rechazo unánime por parte de los jueces, que condenaron las menciones al lawfare incluidas en el acuerdo alcanzado con Junts. Y las cuatro asociaciones de magistrados -y el Consejo General del Poder Judicial– manifestaron cierto malestar ante las dudas sobre la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ que sembró la ex ministra Irene Montero en 2022.
