Publicado: diciembre 21, 2025, 3:07 am
Don Quijote emplaza a Sancho a que lo guíe al palacio de Dulcinea, con la esperanza de que puedan hallarla despierta. Aunque termina siendo el caballero quien termina ejerciendo de guía. «Y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre», relata Miguel de Cervantes en el noveno capítulo de la segunda parte de este clásico, que resultó ser iglesias y no alcázar. «¡Con la iglesia hemos dado, Sancho!». Como el Gobierno. Esta semana se ha constatado un choque entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el marco de la inestabilidad de la gobernabilidad en nuestro país.
No es el primer encontronazo, seguramente tampoco sea el último, pero sí ha sido de una intensidad importante. Siempre han sido unas relaciones delicadas, sensibles, con temas espinosos, constatando la necesidad de equilibrios para mantener las formas y la apariencia. Reuniones discretas, negociaciones lejos de los focos… Pero con una tensión latente siempre presente. Una conexión difícil. De ahí que el ministro para la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones con la Iglesia, haya buscado cultivar una «relación fluida» con el Vaticano, explican en el Gobierno, con el propósito de lograr también interlocución y mediación.
En los últimos días, sin embargo, las caretas se han caído y la confrontación no se ha disimulado. Crudeza máxima. Desconfianza abierta. Con una sensación en el PSOE que ya no se disimula: «La Iglesia intenta tumbarnos también», sentencias fuentes del partido consultadas por EL MUNDO. Consideran los socialistas que la posición de los obispos es una muesca más en ese «quien pueda hacer que haga», que es la manera en la que el Gobierno sintetiza una estrategia para derrocarlo en la que además de partidos políticos como el PP, medios de comunicación o jueces, ahora también incluye a la Iglesia.
Un argumento que parte de una frase pronunciada por el ex presidente del Gobierno José María Aznar. «¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva», dijo en una reflexión hace dos años en la que trasladó el mensaje de que Sánchez «es un peligro para la democracia». Interpretan en el Ejecutivo que esa fue una llamada a filas para derrocarles a la que ahora también han acudido los obispos.
La mecha que prendió este último incendio entre Gobierno e Iglesia fueron las palabras del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que planteó la conveniencia de que el Gobierno, en su situación actual, se sometiera a una «cuestión de confianza, moción de censura» o «dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución». Esto es un adelanto electoral, reivindicación que hace la oposición. Sánchez fue al envite y pidió a Argüello «respetar el resultado electoral aunque no te guste». Un emplazamiento que hizo tanto con la cazadora de líder socialista, en un mitin del PSOE, como con el traje de presidente del Gobierno, en el balance de fin de año desde La Moncloa. Incluso, dio un paso más invitando a Argüello a presentarse a las próximas elecciones de la mano de «la asociación ultraderechista Abogados Cristianos».
«El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en nuestro país», proclaman desde el Gobierno, secundando la posición de Sánchez. Afean al presidente de los obispos que no es la primera vez en este año que pide un adelanto electoral en España, lo que entienden los socialistas «rompe el compromiso de la CEE de mantenerse neutral ante procesos electorales y el debate propiamente político y de partidos». El Ejecutivo, en la figura de Bolaños, le ha hecho llegar este año dos cartas en las que le advierte de que «la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica, en el marco del respeto a los principios constitucionales de separación y cooperación». Bolaños y Argüello mantuvieron, además, interlocución a través de mensajes a raíz de esta última crisis institucional.
«Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral», fue la respuesta de Argüello la Ejecutivo. Ninguna parte está dispuesta a silenciar su posición.
Si bien este Gobierno ha firmado tres importantes acuerdos con la Iglesia católica sobre cuestiones que llevaban abiertas muchos años -listado de bienes inmatriculados, reconociendo que en torno a mil bienes no le constaban como propios, comprometiéndose a colaborar en su devolución; renuncia de la Iglesia católica a las exenciones del ICIO y de las contribuciones especiales; y resignificación del Valle de Cuelgamuros-, hay un asunto que es foco de divergencia y planteamientos contrarios: los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Fuentes socialistas admiten que es «el asunto más difícil y sensible».
Aún está abierta la negociación en la que el Ejecutivo pretende un acuerdo en el que la Iglesia asuma la responsabilidad de reparar a aquellas víctimas de abusos sexuales que fueron encubiertos y no denunciados, y sobre los que ya no pueden actuar la justicia, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Plan aprobado por el Gobierno.
Sánchez, en conversación informal con los periodistas, advirtió esta semana de que «si no hay tal acuerdo, tomarán medidas». El jefe del Ejecutivo no desgranó que tipo de medidas. «El Gobierno ha trasladado a la jerarquía eclesiástica, tanto aquí como en el Vaticano, su determinación de que la Iglesia cumpla con su responsabilidad ante los casos de abusos».
A finales de noviembre los obispos aceptaron la propuesta que venían trabajando con el Ministerio de Justicia con discreción sobre el marco de reparación a víctimas de abusos sexuales para recibir a través del Defensor del Pueblo aquellos casos de víctimas que no quieran acudir a la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), organismo creado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (Confer).
