Publicado: febrero 21, 2025, 3:07 pm
La líder de los socialistas valencianos, la también ministra Diana Morant, ha anunciado este viernes que el PSPV-PSOE pedirá la personación como acusación popular en la causa judicial que investiga la gestión de la dana. La decisión de los socialistas llega días después de que la juez de Catarroja aceptase la personación de Podemos, pero se produce en paralelo a la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley que ha registrado el propio PSOE para prohibir justamente qeu los partidos ejerzan la acusación popular.
Según ha justificado este viernes Morant durante su visita a Villena, la decisión la ha tomado frente la «irresponsabilidad» del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, además de para «estar al lado de las víctimas». «Vamos a ejercer, si la jueza lo admite, esa personación como acusación popular, en un caso en el que, desde luego, el PSPV va a estar del lado de las víctimas y de su lucha, que buscan justicia por la muerte de sus familiares», ha confirmado Morant.
«Esas muertes podían haber sido evitadas y esa indecencia del señor Mazón es insostenible», ha insistido, haciéndose eco de uno de los últimos autos de la juez de instrucción de Catarroja en el que denunció la «palmaria ausencia de avisos» a la población y la «evitabilidad» de muchos de los 227 fallecimientos.
Ahora bien, el paso que dan ahora los socialistas valencianos -y que les permitirá tener acceso a toda la documentación de una causa que se está centrando en la tardanza del envío de la alerta a los móviles- choca con el movimiento del PSOE en el Congreso. De hecho, el partido de Pedro Sánchez movió ficha a mediados de enero con el registro de una proposición de ley que persigue sobre el papel hacer frente al «acoso derivado de acciones judiciales abusivas».
La iniciativa, en todo caso, la promovió el PSOE en pleno cerco judicial a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. El texto, de hecho, aspira a poner coto a las acusaciones populares que dieron origen a investigaciones como estas.
Lo que plantea el PSOE es prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas con ellos así como al Gobierno central, la Administración General del Estado, los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos, el Congreso de los Diputados, el Senado, las asambleas legislativas autonómicas, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, así como a los organismos y entidades que integran el sector público institucional.
Aunque está a la espera de iniciar la tramitación parlamentaria, el texto afectaría incluso a las investigaciones en curso. La propuesta busca evitar también la admisión a trámite de denuncias basadas en meros recortes de prensa e incluye la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
