Publicado: abril 6, 2026, 10:07 am
La acusación popular que ejerce el PSOE ha pedido al tribunal de la Audiencia Nacional que desde este lunes juzga la operación Kitchen que suspenda la celebración de la vista oral para incorporar la «conexión política». Así lo ha sostenido en su primera intervención en la Audiencia Nacional la abogada del partido, Gloria de Pascual, en la fase de cuestiones previas que antecede a la práctica de la prueba.
La letrada solicita a la Sección Cuarta que declare la nulidad de los autos que dieron por concluida la investigación y enviaron el caso a juicio, «en lo concerniente a la línea de investigación de la denominada conexión política». De acordarse la medida, la instrucción del procedimiento se reabriría para ahondar en la implicación del Partido Popular, y en particular de su ex secretaria general María Dolores de Cospedal. Se trata de una petición que el PSOE ya ha planteado reiteradamente en la Audiencia Nacional y se le ha denegado.
Si se deniega, el PSOE reclama que al menos se vuelva a activar «la línea de investigación sobreseída por la que fueron declarados investigados María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro [su marido]» por su presunta relación con el espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas.
También ha pedido que se acuerde seguir con la investigación «ante la aparición de elementos probatorios nuevos» conocidos con posterioridad al auto de apertura de juicio oral. En particular, se ha centrado en diversos audios en los que Cospedal aborda la situación de con el ex comisario acusado José Manuel Villarejo.
El PSOE considera que el tribunal debe completar este auto «para que se llame al PP como partícipe a título lucrativo como beneficiario de la actividad delictiva». O que al menos se le considere responsable civil subsidiario y deba responder por las eventuales condenas económicas que se impongan. El PP ya fue condenado como partícipe a título lucrativo en el primer juicio de Gürtel, al estimar que, aunque no había participado en los delitos enjuiciados, se había beneficiado de los fondos que la trama aportó a algunos de sus candidatos, y debía devolverlos.
En una larga intervención que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha intentado sin éxito aligerar, la letrada del PSOE ha abierto el trámite de cuestiones previas que ocupará esta primera semana de juicio. Escuchando la petición de suspensión, en el banquillo estaban los 10 acusados, encabezados por el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Anticorrupción le atribuye haber ordenado la operación con la que la cúpula policial espió al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle el material comprometedor para el PP y sus dirigentes que pudiera estar ocultando. La intención era que nunca llegara al juez de la Audiencia Nacional que investigaba el caso Gürtel.
También la defensa
La siguiente intervención ha llegado del lado opuesto, pero ha coincidido en que el juicio no debía llegar a arrancar: la defensa de Jorge Fernández Díaz ha sostenido la falta de competencia de la Audiencia Nacional sobre los hechos investigados, que correspondería enjuiciar a la Audiencia de Madrid.
Según ha expuesto el abogado Jesús Mandri, no existe «absolutamente ninguna conexión» entre el caso Tándem y la operación Kitchen, más allá de que Villarejo aparezca acusado en ambos casos. El rastro de Kitchen apareció en los registros al ex comisario del caso Tándem, pero según la defensa del ministro eso fue todo. Los delitos por los que se acusa no son competencia de la Audiencia Nacional y la conexión con el caso Tándem no existe, por lo que debió remitirse el caso a un juzgado ordinario.
En su exposición de diversas cuestiones previas, la representación de Fernández Díaz ha pedido también la nulidad de la causa por haberse mantenido bajo secreto de forma injustificada casi en su totalidad: dos años y medio de los dos años y siete meses de fase de instrucción. Eso debería conllevar «la nulidad de todas las diligencias practicadas bajo secreto y la expulsión de actas notariales que producen imputación de Fernández Díaz».
Se refiere a los mensajes que el entonces secretario de Estado de Seguridad, el acusado Francisco Martínez, llevó al notario, que supuestamente demostraban que el ministro estaba al tanto de la operación en torno a Bárcenas. Fernández Díaz niega esa interpretación y su abogado lo ha reflejado en su descripción de la operación enjuiciada: «Un operativo parapolicial orquestado desde el Ministerio del Interior con el secretario de Estado y que gestan y ejecutan unos mandos policiales».
El enfrentamiento entre el ex ministro y su ex mano derecha no ha impedido que sus defensas coincidan en muchos puntos. El letrado de Francisco Martínez, Pedro Colina, ha arrancado indicando que coincide con las solicitudes que se acababan de exponer.
