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El PSOE evita la expulsión de Miguel Ángel Gallardo porque hay recursos pendientes y podría no ejecutarla alegando «finalidades políticas»

Publicado: mayo 22, 2025, 6:07 pm

Actualizado Jueves,
22
mayo
2025

18:54

El PSOE aplaza por el momento la retirada del carnet a su secretario general en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a pesar de que su Código Ético y de Conducta establece que los afiliados deberán solicitar su baja voluntaria cuando se dicte auto de apertura de juicio oral contra ellos y que, de no hacerlo, serán suspendidos cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsados. Fuentes de la dirección de Ferraz explican que, «antes de hacer nada» al respecto, «es necesario que se resuelva el recurso de la Fiscalía», que objetaba todos los razonamientos de la instructora para sentarlo en el banquillo por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Además, un cambio en los Estatutos tras el último Congreso Federal del partido -celebrado cuando la investigación sobre David Sánchez ya estaba en curso- permitiría aplicar una excepción para blindar al político pacense no prevista hasta entonces: que se pueda compatibilizar la condición de militante y los cargos públicos «con la defensa frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas». Así figura en la disposición transitoria sexta, en aplicación de la cual «él puede pedir que se espere a la sentencia y el Comité de Ética y Garantías tomaría la decisión», precisan en la cúpula socialista.

El Código Ético del PSOE en vigor fija el momento de la dimisión del cargo público en el auto de apertura de juicio oral, que es una de las resoluciones que ha dictado este jueves la juez de Badajoz Beatriz Biedma.

«Se establecerá en todo caso la suspensión cautelar automática de la afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción», indica específicamente el texto. Los delitos que se investigan en el caso del «hermanísimo» son prevaricación y tráfico de influencias. Es decir, corrupción.

Ese auto de apertura de juicio oral se debe dictar cuando suceden dos cosas: que terminada la investigación el juzgado ve indicios de delito suficientes para ir a juicio y que alguna acusación reclama la celebración de la vista oral.

El auto de apertura no es recurrible, pero sí hay una vía para desactivarlo de forma indirecta. El auto que la juez dictó la mañana del apagón, en el que consideraba que había indicios para ir a juicio, sí es recurrible y está impugnado ante la Audiencia Provincial. Si se estima el recurso de la Fiscalía u alguna otra defensa, puede llegar el archivo de la causa.

En la investigación al hermano de Pedro Sánchez están personadas varias acusaciones populares, aunque están obligadas a actuar de forma conjunta. Se trata de Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos, Vox y PP.

La causa se puso en marcha tras una querella de Manos Limpias. Eso abre la puerta a que Gallardo eluda la dimisión incluso si se desestiman los recursos. La disposición adicional sexta de los estatutos probados en el 41º Congreso Federal indica que el Código Ético puede aplicarse «conjugándolo con la defensa […] frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas». Y en este caso, el PSOE siempre ha sostenido que se trata de una actuación judicial activada por la ultraderecha para perjudicar al presidente del Gobierno.

Discrepancias con Ferraz

Gallardo no es un barón alineado con Sánchez y de hecho en Ferraz no ocultaron su malestar con el «cambio de discurso» que, tras sustituir a Guillermo Fernández Vara en al frente del partido en Extremadura en 2024, consideran que hizo al culpar públicamente a la amnistía de la derrota del partido en las elecciones europeas de junio de aquel año. De hecho, llegaron a asimilarlo a las duras y recurrentes críticas del castellanomanchego Emiliano García-Page a las concesiones al independentismo, aunque el político pacense ha rebajado el tono en los últimos meses.

Un sector del PSOE vio en la imputación a finales de noviembre del también presidente de la Diputación de Badajoz por la presunta malversación de caudales públicos en relación con la contratación de David Sánchez su posible blindaje ante la intención de la dirección nacional de intentar apartarlo impulsando a un candidato alternativo. Finalmente sí tuvo que enfrentarse a un proceso de primarias para revalidar su liderazgo con un triunfo rotundo en el que si persistieron las presiones desde Madrid para intentar descabalgarlo fueron sutiles.

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