Publicado: abril 12, 2025, 10:07 pm
El PSOE se ha quedado sólo en Asturias defendiendo que el Gobierno regional no detectó «ningún indicio de irregularidad» en la mina de Cerredo en la que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos por una explosión de gas grisú y descargando así de facto la responsabilidad en la empresa responsable de la explotación. Tanto IU, socio minoritario de la coalición que preside Adrián Barbón, como la diputada del Grupo Mixto, Cova Tomé, que completa la mayoría de izquierdas en el Parlamento autonómico han exigido que se siga investigando «caiga quien caiga» ante la «persistencia de dudas».
La inspección realizada esta semana por técnicos del Principado en el lugar del accidente apunta a que en la instalación subterránea ubicada en el concejo de Degaña se habría estado produciendo una extracción de carbón ilegal «prohibida expresamente» en la autorización de uso. A esta conclusión se ha llegado por la existencia de dos galerías de más de 18 y 24 metros de longitud y de entre 25 y 30 metros de altura en la planta tercera, donde se produjo la deflagración.
«Si se confirma en el futuro, exigiremos que Blue Solving asuma todas las responsabilidades, porque no sería solo un incumplimiento administrativo, sino una irregularidad legal con consecuencias letales, una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores», esgrimió este viernes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, durante una comparecencia a petición propia en la Junta General de Asturias. Tras su intervención el PP exigió que dimitiera inmediatamente por sus explicaciones «inaceptables». «No puede seguir ni un minuto más», declaró Álvaro Queipo, líder de la oposición.
Según la información facilitada por el Ejecutivo asturiano, la última inspección realizada en la mina de Cerredo se realizó en septiembre de 2024, seis meses antes de la explosión, y en ella «tampoco» se detectó «actividad extractiva» al igual que en las previas, nueve en total desde 2022. Ese año se produjo allí otro accidente en el que murió un operario de maquinaria y un trabajador sufrió la amputación de una pierna mientras transportaban 20 toneladas de carbón.
Belarmina Díaz, que entonces era directora general de Minas de Asturias y formó parte de la Comisión de Seguridad Minera que investigó el caso, explicó este viernes que entonces sí «se constataron indicios razonables de actividad extractiva no autorizada» que derivaron en «una sanción grave y económica que se terminó pagando». En aquel momento la empresa autorizada para la explotación de una superficie de 600 hectáreas -equivalente a «833 estadios de El Molinón»- era Combustibles Asturiana y Leonesa, del mismo entramado familiar que la actual.
A preguntas de la oposición de por qué se permitió ese cambio de titularidad, la consejera de Transición Ecológica argumentó este viernes que se realizó «conforme a la legislación vigente» y que no haberlo autorizado habría supuesto prevaricar. También confirmó que la Dirección General de Minas recibió un aviso por parte de la Guardería del Medio Natural alertando de que se estaba produciendo extracción ilegal en 2023 y que un ciudadano envió aquel año también un correo con una denuncia en el mismo sentido que no se ha abierto hasta la semana pasada.
«Fiscalía interna»
El Gobierno asturiano, que ha solicitado personarse como acusación particular, ha puesto en marcha una «fiscalía interna» para revisar «de arriba a abajo» el Servicio de Minas para «saber la verdad, llegar hasta el final y que se haga Justicia», informa Efe. «Desde el punto de vista político, se están dando todas las explicaciones desde la información de que se dispone», ha defendido esta semana Barbón, que también se ha mostrado muy molesto con la oposición: «Si algo no soportamos las familias mineras es que se utilicen las víctimas y los muertos para hacer política».
«Que nadie se equivoque, esta formación no da cheques en blanco», advirtió, a su vez, la portavoz de IU, Delia Campomanes, en su intervención este viernes en la Junta General del Principado, en la que dejó claro al socio mayoritario de la coalición que van a abordar este asunto «desde una filosofía de rendición de cuentas». «No estamos aquí para cerrar filas, sino para abrir ventanas», recalcó.
La diputada del Grupo Mixto Cova Tomé calificó la comparecencia de Díaz de «absolutamente decepcionante». «Seguimos teniendo las mismas dudas, incluso más», señaló. La parlamentaria, integrante de Somos Asturies tras romper con Podemos, destacó que «hay correos no leídos, permisos opacos y relaciones incómodas que nadie termina de explicar. Esto va de la responsabilidad que tuvo la Consejería de Transición Ecológica en lo ocurrido».
Tomé abre la puerta a dar su apoyo, decisivo, a la creación de una comisión parlamentaria «si en los plazos razonables no se dan todas las respuestas y no se asumen todas las responsabilidades».
Blue Solving sólo tenía autorización en Cerredo para analizar usos minerales para hacer grafito y retirar viejas estructuras y chatarra, pero no para sacar carbón: el plan de investigación complementario que se le había concedido en julio de 2024 tras un trámite de apenas dos meses para la extracción de 60.000 toneladas tampoco está activo porque para ello la empresa debía presentar un plan de labores y nunca lo hizo.
