Publicado: febrero 23, 2025, 3:07 am
El Partido Popular ha solicitado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparezca en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados después de que la semana pasada acudiera al Senado, donde recibió un rosario de críticas por parte de la citada formación política por actuar como un «vulgar delincuente» o «representar la historia negra de la Fiscalía».
En la actualidad, García Ortiz se encuentra imputado por un delito de revelación de secretos -tipificado en el artículo 417 del Código Penal- por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en marzo de 2024.
Según ha podido saber EL MUNDO, el grupo parlamentario del partido de Alberto Núñez Feijóo, a través de su portavoz Miguel Tellado, ha registrado la comparecencia de García Ortiz en la Cámara Baja con el objetivo de que «presente la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2024 en la que se refleja la actividad del Ministerio Fiscal durante 2023, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal». Se trata del mismo motivo por el que el Senado, donde el PP tiene mayoría, obligó a personarse el pasado martes en la Comisión de Justicia al fiscal general, después de que éste previamente tratara de escabullirse de la cita en distintas ocasiones.
Finalmente, durante la comparecencia de García Ortiz todas las intervenciones de los senadores populares estuvieron centradas en una ofensiva por su actuación al frente del Ministerio Público. En la Cámara Alta, el pasado martes el PP le reprochó su «comportamiento propio de delincuentes e impropio de quien ostenta la Fiscalía General del Estado», por haber eliminado su cuenta personal de correo donde recibió la noche del 13 de marzo el mail incriminatorio de la pareja de Ayuso y los mensajes de Whatsapp de su móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo lo encausó, es decir, el pasado 16 de octubre. También le dijeron que «está demostrando con sus actos que es un fiscal al servicio de Pedro Sánchez», que está «dinamitando la institución que representa» o que «si tuviese la más mínima dignidad y un mínimo respeto a la institución que representa habría dimitido».
El fiscal general respondió que si dimite ahora «estaría haciendo una concesión a los delincuentes y eso sí podría colocar a la Fiscalía en una situación de debilidad».
Además, junto a las comparecencias en el Parlamento, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pidió la semana pasada al comisario de Justicia, Michael McGrath, que estudie la imputación del fiscal general como una desviación del Estado de Derecho en España. En una misiva, Montserrat informó al comisario europeo de que, a pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos, García Ortiz «se niega a renunciar a su cargo en medio del clamor de asociaciones de fiscales que le piden su dimisión inmediata».
«Es evidente que la permanencia del fiscal general, pese a su imputación, podría vulnerar el principio de independencia judicial. Pero es que, además, compromete directamente la percepción de independencia del Ministerio Fiscal y mina la confianza de la sociedad en el sistema», sostienen los populares.
