Publicado: abril 16, 2025, 6:07 am
El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para impedir que el encargado de protección de datos de la Fiscalía sea elegido a dedo por el fiscal general del Estado. La actuación responde a la reciente entrada en vigor de una reforma sobre su método de selección, que a juicio de los populares no respeta las estrictas exigencias de independencia que impone la normativa europea.
Hasta ahora, ese estatuto establecía que el responsable de Protección de Datos era elegido por «mayoría absoluta del pleno del Consejo Fiscal», un órgano representativo de la carrera cuyos integrantes son mayoritariamente elegidos por votación directa de los fiscales.
La entrada en vigor a primeros de abril de la Ley de Eficiencia de la Justicia, afectó al estatuto que regula el funcionamiento del Ministerio Público. El particular, a la elección del fiscal responsable del control de los datos. Ahora pasará a ser designado «por el fiscal general del Estado» como uno más de sus nombramientos discrecionales.
Además, se eliminan tres requisitos que antes imponía la ley: que el designado fuera un jurista «de reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio profesional» y que contase «con conocimientos y experiencia acreditados en materia de protección de datos». La limitación a un mandato de cinco años también desaparece y se facilitan las vías para apartarle del puesto. Antes solo podía ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, «apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta». Ahora al Consejo Fiscal se le escucha, pero quien propone su remoción al Consejo de Ministros es el fiscal general. La propuesta producirá de forma efectiva su apartamiento.
El texto del PP sostiene que estas modificaciones chocan tanto con la Constitución como con la directiva de la UE que lo regula. «Con la redacción actual, la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, en lugar de ser un órgano independiente se convierte en una unidad más de la Fiscalía General del Estado, como si fuera la secretaría técnica o la unidad de apoyo», afirman.
A continuación, propone un texto nuevo que en lo esencial devuelve las cosas a su situación anterior, con elección por mayoría del Consejo, requisitos de experiencia y formación y limitación de mandato.
La exposición de motivos de la proposición registrada el pasado viernes por los populares continúa indicando que «si una de las características de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, como autoridad de control, es su independencia parece claro que no lo puede nombrar quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función». «No es una autoridad independiente, es la propia autoridad quien ejerce la función», concluye.
La reforma impulsada por el Gobierno y la contrarreforma planteada por el PP llegan cuando el ámbito de protección de datos en la Fiscalía ha cobrado especial relevancia a la luz de la investigación del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz ha alegado ante el Tribunal Supremo que fue su celo en la protección de datos el que le llevó a borrar todos los mensajes de su teléfono móvil. El magistrado instructor esperaba encontrar en ellos pistas sobre la filtración de datos penales relativos al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz declaró ante el magistrado Ángel Hurtado que la normativa de protección de datos le imponía ese borrado, esgrimiendo para ello un protocolo y una instrucción sobre la materia.
Precisamente, una de las diligencias acordadas por el juez ha sido requerir al actual responsable de protección de Datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo, para que aporte copia «de los protocolos o normativa interna aprobada y existente» en la Fiscalía y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, «relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos)».
Agustín Hidalgo fue elegido para el puesto en el Consejo Fiscal del 25 de junio de 2020, cuando la fiscal general era Dolores Delgado. Para ello contó con el apoyo de los seis miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales. Los siete votos sumaron la mayoría absoluta que entonces se requería. Su mandato de cinco años vence en breve. Esta vez, con la reforma ya en vigor, para la nueva designación Álvaro García Ortiz no necesitará contar con el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal.
