Publicado: septiembre 27, 2025, 4:07 am
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha citado este fin de semana a los 11 presidentes autonómicos de su partido a unas jornadas de trabajo para consensuar la agenda política del partido para los próximos meses. Sobre todo, en los principales asuntos territoriales. Hablarán de transportes, de vivienda, de igualdad y de sanidad, entre otros puntos, con vistas a poner en común un nuevo plan de trabajo autonómico común, en la línea de la Declaración de Córdoba. También habrá tiempo para abordar el caso de Begoña Gómez, citada mañana ante el juez, y el «genocidio» de Gaza, en palabras de algunos de los presentes en la reunión, como Juanma Moreno, Jorge Azcón y Alfonso Rueda.
Pero, por encima de todos esos, el principal tema de debate será la inmigración, en un momento en el que el PP prepara su plan de medidas migratorias. «Vamos a plantear iniciativas para controlar una política migratoria que en este momento no existe», explican en el PP.
Entre esas medidas del plan migratorio destacará una, según ha sabido EL MUNDO de diversas fuentes: prohibir el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV)a los inmigrantes que no hayan cotizado en España y que no tengan permiso legal de residencia. De hecho, los populares van a proponer que no puedan obtener la ayuda quienes sólo están empadronados.
Es decir, si gobierna Feijóo, limitará los criterios de acceso. O incluso antes, porque su propuesta la podrá consensuar en este periodo de sesiones parlamentarias con Vox y con Junts, dos partidos muy volcados contra la inmigración.
Así explican la medida los populares consultados el porqué de la medida: «Vamos a limitar los criterios de acceso porque el Ingreso Mínimo Vital está siendo la puerta de entrada para la inmigración que no aporta. Llegan a España, se empadronan, solicitan el IMV aunque no trabajen y con eso ya traen a sus familias y tienen guarderías, escuelas y apoyo social. Todo eso lo pagamos quienes tributamos, y hay una parte [las prestaciones no contributivas] que no debería ser así, porque para recibir ayuda has de haber contribuido, si eres inmigrante». «Quien aporta, recibe; lo ilegal no puede generar derechos», añaden.
En 2023, en España había más de 552.000 personas extranjeras que recibieron prestaciones sociales sin haber cotizado, según datos oficiales. Este número sube a 617.000 si se contabiliza a quienes no llegaron a cotizar 100 horas.
Actualmente, para recibir el IMV no hace falta haber cotizado a la Seguridad Social. Lo que se exige es tener la residencia legal y efectiva en España durante al menos un año, carecer de rentas y patrimonio por debajo de ciertos umbrales, una antigüedad mínima de la unidad de convivencia, tener una edad mínima (generalmente 23 años, aunque hay excepciones), agotar otras prestaciones a las que se tenga derecho y, en algunos casos, estar inscrito como demandante de empleo.
Pero los populares apuestan por dar empleo sólo a quien tenga permiso de residencia y no dar prestaciones no contributivas a quienes no hayan tenido un trabajo antes. De esta manera, quieren cerrar el «incentivo» de llegada de inmigrantes para cobrar directamente -al año de tener permiso de residencia, se entiende- la ayuda. «El sistema debe ser más justo».
Según el PP, el número de extranjeros ha aumentado en dos millones en España desde 2018, año en el que comenzó a gobernar Sánchez, al que acusan de incentivar una inmigración de renta baja y dependiente del Estado. Para los populares, el Gobierno «ha impulsado» esa dependencia con reformas que «facilitan la llegada de inmigrantes» en el umbral de pobreza. Y destacan especialmente la modificación legal de las condiciones de arraigo familiar para traer a España a padres dependientes y la creación del arraigo por educación, sin requisitos de trabajo.
Génova maneja encuestas internas que avalan su giro de tuerca hacia la derecha en inmigración: el 70% de la población (80% de votantes del PP y 60% de votantes del PSOE) cree que los inmigrantes deberían integrarse. Y el 60% de la población (el 80% de los votantes PP y el 35%de los votantes del PSOE) apoya medidas más contundentes de inmigración.
Esta misma semana, Feijóo ha apuntado otras las líneas maestras de su plan de inmigración. En un acto en Palma, manifestó su preferencia por una inmigración «culturalmente próxima» y ensalzó los vínculos con Hispanoamérica. «La hispanidad no es una etiqueta, es compartir vínculos», afirmó. Y profundizó en su apuesta por expulsar de España a los inmigrantes que delincan «aun siendo migrantes regulares». Especificando que esas expulsiones se aplicarían en los delitos «contra la libertad sexual» o en casos de «multirreincidencia». «Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado», sentenció. En ese marco, ya declaró, además, que «los subsidios no pueden ser un modo de vida».
Todo este acelerón migratorio de Feijóo se incardina en la gran batalla del voto de la derecha, que se libra en el ámbito de la inmigración. Ya en la ponencia política del congreso del PP de julio se aseguraba -como adelantó este diario- que los inmigrantes en situación irregular no deben acceder a prestaciones no contributivas.
La queja del principal partido de la oposición es que los inmigrantes de renta baja y no cualificados son receptores netos del Estado del Bienestar y la mayoría se «cronifica en la pobreza». En Génova ponen como ejemplo que la mitad de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital en una provincia como Girona es extranjera. Y uno de cada tres en toda Cataluña, Aragón o Navarra también lo es.
«Devolveremos al arraigo y a la reagrupación familiar su carácter excepcional, porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva sobre la que el Estado apenas ejerce control», aseguraba la ponencia. Los populares llegan a concluir, con esas cifras como colchón, que «la inmigración no es la solución a medio plazo» para la economía española.
