Publicado: septiembre 28, 2025, 4:07 am
Todo el poder del Partido Popular, once comunidades más las dos ciudades autónomas, suscribe el plan migratorio de Alberto Núñez Feijóo sustentado en el principio «contribuir para permanecer», o lo que es lo mismo, el inmigrante que trabaje y cotice, en definitiva, «quien venga a sumar», tendrá «garantizada» la integración y el acceso a las ayudas sociales en las mismas condiciones que los españoles.
El mensaje sobre el que gira esta propuesta es el de que «las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad» y en consecuencia, tal y como adelantó EL MUNDO, el Ingreso Mínimo Vital se reservará para quienes cuenten con un permiso de residencia de larga duraciónque se conseguirá habiendo cotizado un 70% del tiempo de residencia legal en España que habrá de ser, como mínimo, de cinco años continuados. Esto es, cotizar en ese periodo durante tres años y medio. De lo contrario, recalcó ayer el secretario general del PP, Miguel Tellado, «se agravia a los que cotizan, a los autónomos que madrugan, a los parados e incluso a los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día».
Sostienen los populares que la inmigración es «el desafío más grande que afronta el país». Defienden, no obstante, que España es un país «abierto» pero recalcan que eso no puede ir en detrimento de «la justicia con los que siempre han tirado del carro».
Insisten en que su plan, que pasa por «recuperar el orden y la ley», «luchar contra las mafias», «proteger las fronteras» y «expulsar a quienes delincan», es «el mejor sistema para todos» y también para «los que vienen a labrarse un futuro, a integrarse y a asumir los valores de la sociedad».
Estas son las líneas fundamentales de la propuesta del PP en materia migratoria, un plan al que aún le falta la letra pequeña para calibrar, por ejemplo, las condiciones y las fórmulas de expulsión de quienes cometan un delito, el alcance de la restricción de ayudas -más allá del Ingreso Mínimo Vital- a los inmigrantes sin empleo o los cometidos del dispositivo de control en frontera terrestre y sobre todo marítima.
La cúpula del PP, reunida en Murcia, también apunta contra la «degradación» de la gestión del transporte público. Tellado señala al ministro Óscar Puente, pero también al presidente Pedro Sánchez, como responsables del «caos en el servicio ferroviario», del «abandono de la España rural» en la que se restringen paradas y frecuencias y de la «paralización de reformas imprescindibles» como consecuencia de la falta de Presupuestos. Para el secretario general de los populares, «el Gobierno ha llevado su bloqueo político al servicio de transportes del país».
En este sentido preparan un «plan de soluciones integral» que contempla recuperar las indemnizaciones a los viajeros por retrasos del AVE así como la inversión perdida por la falta en todo lo que va de legislatura de cuentas del Estado y el restablecimiento del «principio de igualdad» en la España rural para que vuelva a tener los servicios que «le ha robado Sánchez».
El secretario general del PP puso también voz a la exigencia de dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el escándalo de las pulseras antimaltrato y reclamó una auditoría externa del sistema y que su resultado se traslade a las CCAA.
