Publicado: abril 19, 2025, 6:07 am
El Partido Popular está dispuesto a llevar a debate y votación del Pleno del Senado una proposición de ley de defensa y protección de los símbolos oficiales. Esto es: la bandera, el himno, el escudo y la imagen del Rey como jefe del Estado así como las banderas, himnos y estandartes de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la Casa Real. Se trata de una iniciativa registrada en septiembre de 2023 que ha permanecido varada desde entonces y que ahora los populares pretenden reactivar.
La propuesta busca llenar un «vacío normativo» regulando la obligación de defender los símbolos oficiales de España que, señala, «afectan a todas y cada una de las administraciones públicas, residenciando tal obligación tanto en sus máximos representantes y altos cargos como en los empleados públicos a su servicio».
La iniciativa recuerda que tanto las características como las condiciones de uso de banderas, escudos e himnos tanto nacionales como autonómicos o locales están regulados de manera precisa pero no así su defensa y protección más allá del delito de ultraje recogido en el artículo 543 del Código Penal.
La proposición de ley establece que la obligación de defender y proteger los símbolos es exigible a «los miembros del Gobierno y secretarios de Estado, los consejeros o asimilados de los Gobiernos autonómicos, los miembros de las Corporaciones Municipales y de las Diputaciones Provinciales, así como altos cargos y empleados públicos de la Administración General del Estado y de las Administraciones autonómicas y locales».
La defensa de los símbolos, añade, «se circunscribe al ámbito físico de los edificios y locales de titularidad de las diferentes administraciones públicas» en los cuales no podrá hacerse exhibición de simbología partidista. Además, las autoridades, en el ejercicio de su labor institucional, deberán mantener respeto a los mismos «en espacios públicos».
El incumplimiento de estas obligaciones se clasifica en la proposición de ley atendiendo a su gravedad y, en función de la misma se establece un baremo de sanciones que puede llegar en los casos considerados muy graves al cese en el cargo, salvo para las autoridades electas, la pérdida de la indemnización por tal cese y la inhabilitación por hasta cuatro años.
Así, se consideran infracciones muy graves las acciones que impliquen ultraje a los símbolos; la exhibición de enseñas partidistas que menoscaben la neutralidad institucional; la exhibición de símbolos oficiales fuera de su ámbito territorial salvo su colocación ocasional como cortesía con otros Estados o comunidades en visitas oficiales o la inacción en el inicio de los procedimientos sancionadores recogidos en la ley.
El procedimiento sancionador podrá iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, por petición razonada de otro órgano o por denuncia de los ciudadanos. Los órganos competentes para incoar el procedimiento son el Consejo de Ministros en el caso de la infracción sea atribuible a ministros o secretarios de Estado; el ministro de Política Territorial y Función Pública, en el caso que afecte a altos cargos de la Administración.
La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, sostiene que «un país que no respeta o no hace respetar su bandera, su himno o a su jefe del Estado es un país débil». En su opinión, en España «los actos de ultraje los suelen cometer los socios del Gobierno de Sánchez y», añade, «en muchas ocasiones participan de manera activa o pasiva cargos públicos de partidos independentistas».
